Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana por la policía secreta del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran fervientes opositoras. Las metieron en un auto que luego fue arrojado a un precipicio y el crimen se hizo pasar como un accidente. Minerva tenía 26 años; Patria, 30 y María Teresa, 36. Las mariposas había sido el nombre en clave que ellas usaban para identificarse en la resistencia.
Una de las versiones de la historia cuenta que Trujillo había intentado “conquistar” a Minerva e, incluso, había organizado una fiesta con el único motivo de bailar con ella. Pero Minerva lo rechazó y le dejó bien en claro que estaba en contra de su “gobierno”. Cuando ya se sabía amenazada y perseguida por el régimen, Minerva sentenció: “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”. La promesa se cumplió, en primer lugar, porque el crimen de las hermanas es considerado uno de los principales factores por lo que llegó a su fin la dictadura de Trujillo. En segundo lugar, porque la fecha se convirtió en un símbolo para la reflexión sobre la violencia que padecen las mujeres en el mundo. En esta región, principalmente.
En el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia), en julio de 1981, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. De esta forma, se propiciaba que estuviesen en agenda las múltiples violencias por motivos de género y la necesidad imperiosa de que los diferentes estados latinoamericanos impulsaran medidas y legislaciones para la sensibilización, prevención y sanción de estas violencias.
En 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y dio carácter oficial a esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.
Sin embargo, se sabe que no es suficiente que exista “el día de”.
¿Y ahora qué pasa?
Casi cuarenta años después, la problemática continúa siendo una constante que no se combate sin el compromiso de toda la sociedad. La violencia contra las identidades feminizadas constituye una verdadera pandemia en la sombra.
En Argentina, de acuerdo con el Observatorio Ahora que sí nos ven, desde el 1º de enero hasta el 20 de noviembre de 2020, se cometieron 265 femicidios, 184 de ellos desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de Coronavirus. Solamente en lo que va de noviembre, 12 niñes perdieron a sus madres.
Las cifras recorren los medios, se comparten en las redes, están presentes en los discursos oficiales. Sin embargo, son números que deben ser reelaborados a diario. Durante este año, los refugios y las líneas de atención que ofrece el Estado para atender a quienes padecen violencia en el hogar alcanzaron el límite de su capacidad.
En Argentina, ampara, desde hace 11 años, la Ley 26485 que promulga la erradicación de la violencia no solo en el ámbito doméstico sino en cualquier relación interpersonal. No obstante, desde el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina se promueven diferentes acciones con la intención de completar la ley y materializarla. En primer lugar, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que promulga el “compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y personas LGBTI+”. El plan tiene como lineamientos la prevención, la asistencia y una política nacional de protección y de fortalecimiento de acceso a la justicia.
¿Cómo?
El plan hace hincapié en “la jerarquización de las políticas de género”. Ya con la creación misma del ministerio se explica la relevancia del tema en la agenda política. Por eso, según el documento, el plan apunta a “transformar el Estado, en su totalidad”. Además, añade “el reconocimiento de las organizaciones sociales y comunitarias y la definición de fortalecer sus redes territoriales y los modos de articulación con el Estado”. Para este fin, se inicia el “Registro Nacional de Promotorxs Territoriales en materia de género y diversidad a nivel comunitario, en conjunto con los organismos provinciales y municipales con competencia en la materia y con las organizaciones de la sociedad civil”.
De acuerdo con Mona Córdoba, Coordinadora Nacional de Marea Feminismo Popular, se inscriben en el registro “todas aquellas personas que en diferentes organizaciones ya tienen un recorrido realizado de acompañamiento y de promoción de derechos”. Es decir, que el registro en definitiva “pone sobre la mesa la cantidad de personas que ya tienen experiencias previas”. De hecho, desde Marea feminismo popular, junto a la Universidad Barrios de Pie, se realizan capacitaciones para promotores de géneros y diversidad que abonan a las políticas de estado, pero se sostienen principalmente gracias a la buena voluntad y el compromiso social.
Uno de los reclamos que realiza la organización es “que las personas que hacen esta tarea en los territorios, en los barrios populares, puedan tener un reconocimiento económico” y que, incluso, “el Estado a través de los distintos dispositivos, distritales, municipales, provinciales, puedan integrar a sus equipos de profesionales a las promotoras que tienen un amplio conocimiento del territorio, de las demandas, una información mucho más situada de la realidad que se vive en los barrios populares”.
En el Día de la Lucha contra las violencias por motivos de género, Somos Barrios de pie y Marea presentarán el Proyecto de Ley Bety Quispe de “Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad” en el Congreso de la Nación con la intención de fortalecer ese trabajo en las comunidades.
Si bien el registro Tejiendo Matria ya fue cerrado, es factible que se reabra para continuar formando y facilitando el trabajo de las promotoras en los diferentes barrios. Quizás ya con un reconocimiento de dicha tarea, no solamente económico sino también como parte esencial de la lucha contra la violencia de género.
Otra política pública orientada a erradicar la violencia hacia la mujer fue la sanción, el 10 de enero de 2019, de la Ley Micaela que establece la formación integral de todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, para identificar las desigualdades de género y las violencias que padecen las mujeres e identidades disidentes. La ley recibe este nombre en conmemoración de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita que fue víctima de femicidio en Entre Ríos.
Sin embargo, más allá del trabajo de concientización, de sostén y acompañamiento de las diferentes organizaciones sociales, los datos arrojados por los diversos observatorios sobre el recrudecimiento de la violencia instan a renovar el pedido de emergencia nacional. En nombre de las hermanas Mirabal y de las tantas compañeras que perdieron sus vidas a causa de la violencia machista.
Foto de portada: Milay Echeverría
