A pesar de contar con pruebas contundentes, el Juez en lo Criminal N°36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Ferro, sobreseyó a fines de diciembre al imputado por abusar sexualmente de Martín y ahora el niño corre el riesgo de ser revinculado con su progenitor y torturador. Cómo opera el Poder Judicial en presunta complicidad con grupos antiderechos para encubrir a los abusadores. “El de Martín no es un caso aislado”, denuncia su mamá sobre este modus operandi.
El 3 de marzo la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N°4 tendrá que decidir si aceptar o no el recurso de apelación al sobreseimiento del progenitor de Martin acusado por abuso paterno filial. Además determinará dar lugar o no a dos pedidos de la defensa del acusado encabezada por Elsa González, integrante del grupo antiderechos APADESHI. La madre del niño y la pediatra que constató las lesiones físicas causadas por los abusos fueron denunciadas por "falsedad ideológica". Es decir, "por mentir".
"Una estrategia que se repite para defender a varones acusados de abuso paterno filial es crear la duda sobre la madre que denuncia, montándose en los prejuicios patriarcales y la desigualdad de género. Gran parte de la estrategia de defensa va en el sentido de crear la imagen de mujeres vengativas y mentirosas, que pueden inventar abusos, crear “falsas memorias” en les niñes o adolescentes e incluso lastimar a sus hijes para justificar sus mentiras", aseguran en un comunicado de prensa desde la Campaña Alerta por Martín.
Martín (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene siete años y en febrero del año pasado contó los abusos sexuales, golpes y amenazas que sufría por parte de su progenitor. Daniela, su mamá, presentó la denuncia penal y ahí comenzó lo que ella llama la “ruta crítica para quienes escuchamos a les niñes y les protegemos” que terminó con el sobreseimiento del agresor.
Este hombre ya había sido imputado en 2004 por abusar sexualmente de su otra hija cuando la niña tenía dos años. En ese entonces logró ser sobreseído con la defensa de la abogada Elsa González, quien formaría parte de la Asociación de Padres “Separados” de sus Hijos (Apedeshi) y actualmente es su defensora. La estrategia para encubrirlo, ahora, se repite.
Cómo se construyó el encubrimiento
“El de Martin es un caso testigo, expresa algo que se está dando en la generalidad: el encubrimiento del abuso sexual por parte de la Justicia”, alerta Daniela en diálogo con Feminacida.
Según explica, esta “práctica sistemática” contó en el caso de Martín con la obstrucción de pruebas en los tres momentos claves del proceso: las pericias psicológicas y el examen físico al niño y las pericias psiquiátricas al imputado.
En las primeras, la psicóloga del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires calificó de “conflictos familiares” lo que eran indicadores de abuso sexual en la infancia y violencia de género. De esta manera, la profesional aludió al Síndrome de Alienación Parental (SAP) para pasar por alto el testimonio de la mamá de Martín, que fue quien escuchó al niño relatar verbalmente lo que había vivido pero, también, contarlo a través de dibujos y expresiones.
El concepto del SAP fue creado en 1985 por Richard Alan Gardner, un psiquiatra y confeso pedófilo estadounidense, y consiste en creer que lxs niñxs son alienadxs por unx de sus progenitorxs, generalmente la madre, quien lxs manipularía en contra del otro, el padre. Pese a que este supuesto “síndrome” fue ampliamente rechazado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, sigue figurando en este tipo de causas.
Como Martín no pudo hablar en Cámara Gesell, la profesional del Ministerio Público Tutelar concluyó en su informe que si en un futuro él quería contar lo sucedido, ese relato podría estar “contaminado” por “intervenciones de la familia (o sea, de la madre, aclara Daniela), de la psicóloga o médica tratante”. “Con este párrafo le aplican el Síndrome de Falsas Memorias y además le pone un bozal a mi hijo”, denuncia.
El Síndrome de Falsas Memorias (FMS, False Memory Syndrome en inglés) es otra de las estrategias utilizadas por lxs abogadxs defensores de abusadores sexuales y se basa en la idea de que una persona podría sostener firmemente recuerdos sobre hechos que nunca ocurrieron.
Aunque la pericia física realizada por una médica de un hospital público confirmó indicadores de abuso sexual crónicos que fueron informados en la historia clínica de Martín, el Cuerpo Médico Forense junto al doctor Sandoval Hernández (también miembro de la Apadeshi) negaron las lesiones observables.
A la doctora nunca la llamaron a declarar, como tampoco lo hicieron con la perito de parte y una tercera especialista que constataron los indicios de abuso. En cambio, la defensa del imputado la denunció por “falsedad ideológica”, poniendo en juego la tercer estrategia recurrente para el encubrimiento: el Backlash, una táctica de persecución sistemática a lxs profesionales que abordan situaciones de abuso sexual infantil.
En cuanto a las pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado, este se negó a realizarlas. El juez Alejandro Ferro no sólo se lo permitió, sino que además no accedió a desarchivar las que ya le habían realizado en la causa por abuso sexual a su otra hija, donde figuraba que tenía “trastorno de la personalidad hipernarcisista con rasgos perversos”.
ASI, un delito invisibilizado
Argentina carece de datos centralizados y específicos sobre la cantidad de denuncias, causas abiertas o condenas por abuso sexual en la infancia. El ex juez federal Carlos Rozanski, director de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales y autor del libro “Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?” estimó que 99 de cada 100 niñxs que denuncian abuso sexual pueden quedar a merced de quien los abusó. “No tener estadísticas es parte de la invisibilización del problema. Porque para encubrir, como está haciendo la Justicia, se necesita estar en la oscuridad”, afirma Daniela.
Las únicas estadísticas disponibles corresponden al informe de llamadas de la Línea 137 de Acompañamiento y Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual. Según este estudio, 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual registradas entre octubre del 2020 y septiembre de 2021 eran niñas, niños o adolescentes (en total, 3.219). De acuerdo al relevo de consultas, el 44,4 por ciento de ellxs fueron agredidxs por su padre o padrastro.
Estadísticas del Ministerio Público Tutelar indican, además, que el 80 por ciento de los casos de maltrato y abuso hacia niñas, niños y adolescentes se llevan a cabo en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía.
Si bien en nuestro país existe un amplio marco normativo para resguardar los derechos de las niñeces y adolescencias, se registran una serie de obstáculos que dificultan el acceso que el Estado debe garantizar. Según el “Diagnóstico nacional sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes 2021”, elaborado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, entre los principales obstáculos para el abordaje del abuso sexual en la infancia se encuentran la “implementación parcial y desigual de las políticas a nivel nacional”, “escasez de recursos (económicos, materiales y humanos)”, “débil capacitación y formación de los efectores” y “ausencia de políticas que incluyan a niños, niñas y adolescentes en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de las que son principales destinatarixs”.
A estas falencias del Estado se le suma el rol del Poder Judicial, que sigue actuando bajo lógicas patriarcales. “Desde que denuncias empezás a vivir bajo amenaza. Hay una parte del Estado que es el Poder Judicial que actúa de espaldas a la ley y al derecho constitucional”, denuncia Daniela.
Alerta por Martín
“Dar luz a esto, como estamos haciendo con la campaña Alerta Por Martín, es lo único que tenemos para evitar un accionar de encubrimiento. Lo que no está haciendo la Justicia lo hace la comunidad”, asegura. Mientras ella apeló el sobreseimiento, la defensa del abusador pidió la revinculación con el niño. “La Justicia pone en peligro a Martín por la posibilidad de revinculación con quien lo ha torturado”.
Esta situación generó el amplio repudio de sectores de la política y diversas agrupaciones de Derechos Humanos. La titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham, acompañó el pedido de apelación del sobreseimiento y pidió un informe al Juez mostrando su preocupación por la aplicación del SAP, el Síndrome de Flasas Memorias y el Backlash. De igual forma se manifestaron organizaciones como la APDH, la diputada Mónica Macha y legisladorxs porteñxs del Frente de Todos.
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Si creés que unx niñx y/o adolescente sufre o pudo haber sufrido abuso sexual podés comunicarte con la línea gratuita: 0800-222-1717, desde cualquier lugar del país, los 365 días del año. Serás atendidx por profesionales especializados y podés hacerlo aunque no seas familiar. Frente a una situación de abuso o violencia, está permitido salir sola o con tus hijxs a buscar ayuda o denunciar.
Cualquier persona que esté atravesando o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar y/o sexual puede comunicarse a la línea 137. Es gratuita y nacional, brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Ante situaciones de violencia por razones de género podés llamar al 144 y recibir atención, contención y asesoramiento.
