El fallecimiento de Cristina Vázquez retomó el debate sobre las causas armadas. ¿Quiénes las llevan adelante? ¿Qué consecuencias traen a sus víctimas? ¿Por qué es importante seguir luchando por el esclarecimiento de estos manejos? Un abordaje integral con testimonios de activistas, familiares y referentes.
Cristina Vázquez fue condenada por un crimen que no cometió. Estuvo en total más de doce años presa y, finalmente, fue absuelta junto a Cecilia Rojas el 26 de diciembre de 2019 por la Corte Suprema. La condena a prisión perpetua que le aplicó la justicia de Misiones quedó sin efecto por no haber pruebas en su contra. El 26 de agosto, ocho meses después de su liberación, Cristina fue hallada muerta en su casa, con inidicios de suicidio.
El espejo de un local que da a la calle muestra personas caminando con ropa veraniega, el cielo celeste, el río Paraná, la ruta, la calle de tierra, el penal de Villa Lanús. “Yo sé que es difícil creer que una persona que está acusada por un homicidio, con un juicio en la cabeza, es inocente. Pero sé que va a llegar el día en que yo pueda salir a la calle con la frente en alto, mirar a las personas a los ojos”. Así le hablaba Cristina Vázquez a Magda Hernández, directora de Fragmentos de una amiga desconocida (2019), al inicio del documental producido por Gabriela Cueto, sobre la condena errada de su amiga.
Lo que le pasó a Cristina Vázquez no es un caso particular. Las características de la causa que la condenaron tienen similitudes con muchas otras: investigaciones irregulares, falta de pruebas en su contra, testigos forzados a declarar y, en su caso, la presión social y mediática por el esclarecimiento del hecho.
“Las justicias de todo el mundo se equivocan o puede haber corrupción o casos de desempeños irregulares como en las condenas erradas”, dijo Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, en diálogo con Feminacida. El abogado confirmó que en la organización, dedicada a defender condenadxs por error y a promover cambios para terminar con este tipo de causas, recibieron 189 casos para evaluar en lo que va del año. Sobre las razones, Garrido argumentó que hay un problema grave con la ciencia que se utiliza en los casos, dado que se aplica mal o se utilizan ciencias poco serias. En cuanto a los casos de corrupción resulta necesario hablar de otro tema: las causas armadas.
¿Qué son las causas armadas?
Según el informe sobre las causas armadas por las fuerzas de seguridad y el poder judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “son causas penales en las que la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas”.
Las razones por las que se arman estas causas son múltiples: hacer estadística, dar una respuesta rápida ante casos perturbadores en los que la opinión pública y las autoridades presionan por un esclarecimiento inmediato, extorsionar para conseguir alguna ventaja económica, ocultar actividades delictivas por parte de agentes de fuerzas de seguridad, entre otras. El presidente de Innocence Project Argentina también llamó la atención sobre la responsabilidad periodística: “Muchas veces hay una presión de la prensa donde se indica al sospechoso y se lo condena de antemano. Como pasó con Cristina: a ella la prensa de Misiones la llamaba ‘La Reina del martillo’”.
¿Por qué la policía arma causas? “Porque pueden”, reconoce el informe del CELS, y agrega: “La policía tiene amplios márgenes de discrecionalidad para armar la primera versión de los hechos y utiliza esa libertad de acción para introducir testigos, sugerir hipótesis, realizar reconocimientos fotográficos o en rueda y otras ‘técnicas de investigación’ que no suelen ser controladas por fiscales y jueces”. En este proceso puede haber plantación de pruebas, desestimación de testigos clave para dilucidar el hecho y la aparición de testigos falsos, entre otras maniobras.
Las víctimas
“El sistema penal funciona con personas vulnerables”, aseguró Garrido. En sintonía, cuando fue liberada, Cristina Vázquez dijo que tanto ella como Cecilia Rojas fueron condenadas “por ser mujeres y por no tener recursos, por ser pobres, por no poder pagar un abogado”.
Este fue el caso de Diego Chávez, detenido cuatro años por el asesinato de un efectivo policial que no cometió. Fue liberado en 2019 tras el juicio que lo declaró inocente. Durante esos cuatro años, tanto su madre, Fabiola Aguirre, como su nuera lo acompañaron y reclamaron justicia incansablemente.
En diálogo con este medio, Fabiola habló sobre el gasto físico y económico que trae tener un hijo preso: “En mi caso, ni bien salió Diego empecé a tener problemas de salud que fue difícil hacer un seguimiento porque yo tuve que seguir trabajando para pagar la deuda. Porque te genera una deuda enorme: tener un hijo preso es como mantener otra casa”. Fabiola llegó a tener seis trabajos durante esos años. Además de la comida y los medicamentos que cada semana le llevaba a su hijo, se sumaban los costos de cada viaje hacia el penal.
“Los familiares que acompañamos somos gente pobre”, dijo a Feminacida Claudio Castro, víctima de una causa armada y co-fundador de la Coordinadora contra la Impunidad Policial, una organización que hace activismo por el esclarecimiento de las causas armadas. “Mi mamá tuvo que vender todo de Chile para venir a vivir acá —continuó—. Mi familia fue desmembrada, violentada, asustada y hostigada”. Además, Castro sufrió consecuencias psicológicas que devinieron en episodios de crisis de llanto y depresión.
Sobre el resarcimiento por parte del Estado en estos casos, el problema tiende a ser que muchas veces recae en la persona afectada. “La reparación no se la dan en el momento, tenés que litigar varios años, no es automático. No podés esperar eso para rehacer tu vida”, aclaró el letrado Manuel Garrido. “Hay personas que no lo hacen porque no resisten ir de nuevo a Tribunales a reclamar lo que es suyo”, agregó Indiana Guereño, abogada y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, una organización que desde su observatorio acompañó a Cristina Vázquez en el proceso para su absolución.
“Cristina no es una persona, es muchas”
Fabiola Aguirre, inspirada por la fuerza de salir a alzar la voz y lograr la liberación de su hijo, creó, junto a Karina Leguizamón, Familiares y Amigos de Víctimas de Causas Armadas. “Como Diego, hay muchos casos más. Él puede volver a rearmar su vida; en cambio, hay un montón de pibes que no tienen esa posibilidad porque fueron condenados por algo que no hicieron”, dijo Aguirre. Desde esta organización y la Coordinadora contra la Impunidad Policial luchan actualmente por el esclarecimiento de las causas de Santiago Almirón, Karen Marín, José López y Ezequiel Bazán, entre otrxs.
Por su parte, Innocence Project Argentina se encuentra litigando dos casos que están en la Corte Suprema: el de Jorge González Nievas, que lleva preso 13 años, y el de Santos Clemente Vera, privado de su libertad hace siete. Vera es uno de los condenados por el crimen de las dos turistas francesas asesinadas en Salta y el padre de una de ellas, Jean Michel Bouvier, pide su libertad a través de una campaña iniciada en París.
Desde el Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, reclaman justicia y acompañan los casos de Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no haber asistido a su bebé luego de parir y desmayarse; Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión; Miryam Bogado, a la espera de sentencia; y Lucy Olmos, por quien piden prisión domiciliaria debido a su edad, además de su inocencia. “No se trata de Cristina en particular; hay muchas mujeres que están en esa situación. Hay que seguir luchando por ellas”, dijo Indiana Guereño. Tras el fallecimiento de su amiga Cristina, Magda Hernández y Gabriela Cueto hicieron un comunicado de prensa donde recordaron: “Cristina quería seguir luchando para que la justicia no hiciera con otros y otras lo que hizo con ella”. Hacia el final del pronunciamiento, resaltaron en mayúsculas: “Es necesario que algo cambie”.
