En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres rindió un homenaje a la memoria de las mujeres que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por motivos políticos durante la dictadura civil-militar.
El Golpe fue un hecho que marcó profundamente la historia y la sociedad del país limítrofe. A lo largo de estas cinco décadas, su impacto continúa siendo palpable no solo a nivel político, sino también en las diversas esferas de la vida cotidiana.
Durante todo el período del régimen militar, la violencia política y la tortura fueron prácticas habituales en Chile. El informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura de 2004, conocido como el Informe Valech, lo señala. De esta manera, a través de la violencia política, los militares impusieron un discurso y una práctica autoritaria que estableció una lógica de violencia en toda la sociedad.
Una de las facetas de este proyecto de "orden social" fue la promoción y aplicación de una política ideológica específica hacia las mujeres que fueron detenidas y torturadas durante la dictadura militar. Sufrieron violencia psicológica, relacionada con su condición de mujer, y el empleo de la violencia sexual como método de tortura. Según el informe de la Comisión Valech, hubo 34.690 víctimas: 3,621 fueron mujeres, de las cuales 3.400 señalan haber sufrido abusos sexuales y violaciones de parte de sus captores.
La dictadura y su deuda con el género
Con el lema “Las mujeres no olvidamos ni perdonamos ningún golpe”, la Red Chilena inició su campaña anual ¡Cuidado! El machismo mata, iniciativa que surge el año 2007 enfocada en denunciar las diversas manifestaciones de violencia de género. En esta nueva versión la red se focalizó en la violencia femicida y la violencia política sexual perpetrada por agentes del Estado represivos, ambas manifestaciones de poder dirigidas contra las mujeres.
“Es un llamado a no perdonar y entender que la violencia es un continuo, que tanto las mujeres víctimas de la dictadura como las mujeres víctimas de femicidios en democracia también se enfrentan”, señaló a Feminacida Camila Sánchez Martínez, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
El ejercicio de poder contra las mujeres persiste hasta el día de hoy, ya no tan solo por parte de fuerzas armadas o agentes del estado, sino que también por parte de amigxs, parejas y compañerxs. De esta manera, tal como explica la integrante de la Red, la violencia machista y patriarcal es un recurso transversal y atemporal para las mujeres.
En lo que va del 2023, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile ha registrado 27 femicidios consumados y 147 femicidios frustrados. Por este motivo, Sánchez Martínez destaca la relevancia de la promoción de una educación sexual integral no sexista, que llame a la reflexión y discusión sobre las vidas libres de violencia.
La memoria y la acción política son pilares fundamentales para la democracia y la construcción de una sociedad basada en el respeto a los Derechos Humanos, así lo manifiesta la activista: “Las mujeres que somos más jóvenes y que no vivimos en la dictadura también somos parte de esa historia, tenemos una historia de memoria feminista que nos conecta con las mujeres que fueron asesinadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas. Y por ese lado también es una deuda histórica el no olvidarlas”.
Las manifestaciones de la violencia extrema hacia las mujeres no cesan, se diversifican y se vuelven más complejas. A pesar de que las mujeres ocupan espacios que antes estaban predominantemente masculinizados, se sigue experimentando violencia simplemente por ser mujeres. Hecho que quedó al descubierto en octubre de 2019 en Chile con el denominado “estallido social”, cuando se volvió a comprobar que las prácticas de tortura no se han erradicado en las fuerzas policiales.
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La memoria de les sobrevivientes
Según las diversas Comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas en la dictadura civil-militar oficialmente reconocidas corresponde a 40.175 personas, abarcando ejecutadxs políticxs, detenidxs desaparecidxs y víctimas de prisión política y tortura. No obstante, para lxs familiares, éstas no son simplemente cifras, son nombres y apellidos que representan vidas que les fueron arrebatadas.
Una de las tantas víctimas de este golpe cívico militar fue Jacqueline Drouilly Yurich, joven de 24 años, embarazada de tres meses, estudiante de servicio social de la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El 30 de octubre de 1974, cerca de la medianoche y mientras Jacqueline hacía un trabajo para la Universidad, fue detenida en su hogar por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Al día siguiente fue detenido su esposo Marcelo Salinas Eytel, técnico electrónico y también militante del MIR.
Vivianne Drouilly, hermana de Jacqueline, comparte las vivencias tras el secuestro y detención de su hermana y cuñado: “Se puso complicado para mi padre trabajar, lo iban a buscar al trabajo continuamente y mis hermanas veían todos los días secuestrar alumnos, por tanto, mi padre decidió salir al exilio junto con mis hermanas”. Esta historia se suma a la extensa lista de personas y familias forzadas al exilio.
“El ambiente nacional era de temor, incertidumbre y desconsuelo absoluto, el miedo era lo primero que debíamos de aceptar y combatir. Mi madre nunca quiso ir al exilio por pensar que mi hermana y su esposo aparecerían y no estaría la familia aquí”, explica Vivianne.
Jacqueline y Marcelo fueron trasladados al complejo de la DINA de Villa Grimaldi, la Casa de José Domingo Cañas n.º 1467 y finalmente al recinto Cuatro Álamos. Desde ese momento no se tuvo más información sobre el paradero del joven matrimonio.
Entre los días 22 y 24 de julio de 1975, la prensa chilena, afín al régimen dictatorial, publicó dos listados con lxs chilenxs muertxs en el extranjero, la primera con 60 nombres y la segunda con 59, informando sobre las muertes de estas personas en diversas ubicaciones, incluyendo Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. Entre ellxs se encontraban los nombres de Jacqueline Drouilly y su esposo Marcelo Salinas Eytel. Es así como ambos jóvenes formarían parte de la denominada Operación Colombo, operativo orquestado por la DINA chilena en 1975, con el propósito de encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
En el caso de Jacqueline, su hermana enfatiza en el lento y deficiente proceso judicial: “La justicia no es solo juzgar a los criminales y condenarlos. Las condenas han sido bajas, con privilegios y muy tardías, por lo tanto, queda la sensación de impunidad hasta hoy, y protección total a los criminales”. Movilizadxs por esta búsqueda de la verdad y justicia, Vivianne, sus hermanas y padres han trabajado activamente en organizaciones creando conciencia y visibilizando lo que fue la dictadura. Entre estas iniciativas destaca el proyecto Ecomemoria y Memoriaviva, en la cual participan y colaboran hasta el día de hoy.
De esta manera, el legado del Golpe persiste no solo porque siguen existiendo deudas pendientes de verdad, justicia y reparación con las víctimas y sus familiares, sino también porque numerosas incógnitas siguen sin respuesta y la impunidad persiste en muchos casos.
“Y pienso en tu fuerte corazón resistiendo,
sin ayuda y sin nosotros.
Perdonar es posible cuando se conoce la verdad desnuda, pero olvidar significa una irresponsabilidad”.
Extracto del poema de Norma Yurich para su hija Jacqueline Drouilly Yurich
