En la provincia de San Juan cuatro activistas feministas son criminalizadas, acusadas de realizar pintadas durante la masiva marcha del 8M. Fueron denunciadas por “daño agravado”, un delito que estipula penas de 1 a 4 años de prisión. En la localidad bonaerense de Necochea, Pierina Nochetti es señalada por la Justicia por una pintada con la pregunta “¿Dónde está Tehuel?” en uno de los muros del Anfiteatro Municipal. Hace un mes, la colectiva Socorristas Zapala de Neuquén también sufrió hostigamiento policial durante una campaña de sensibilización y difusión.
Los hostigamientos de este tipo se repiten a diferente escala en otros puntos del país. ¿Por qué sólo son algunas las pintadas que molestan? ¿Cómo operan los discursos de odio en la criminalización de la protesta? ¿Qué estrategias se dan los feminismos en este contexto?
Foto de portada: Miela Sol PH
El 8M pasado reunió en la provincia de San Juan a más de 20 mil personas en una masiva movilización en reivindicación de los reclamos de las agendas feministas y transfeministas, demandas que se agudizaron tras dos años de pandemia.
En ese contexto, manifestantes realizaron pintadas de protesta en los muros de la Escuela Normal Sarmiento y el director de Patrimonio Cultural de San Juan formuló una denuncia penal por “Daño Agravado contra quienes resulten responsables de las pintadas”, un delito que estipula de 1 a 4 años de cárcel.
Ante la dificultad de identificar a quienes realizaron los grafitis, la investigación apuntó contra cuatro reconocidas referentas de los feminismos sanjuaninos, que son nombradas en el expediente de la causa (donde figuran capturas de sus redes sociales y artículos periodísticos) como “cabecillas”.
“Las compañeras fueron criminalizadas por el hecho de ser feministas”, alerta a Feminacida María Dolores Córdoba, activista de Ni Unx Menos San Juan. Según explica la licenciada en Ciencias Políticas e investigadora, “no hay ningún vínculo a las pintadas más que investigaciones que se hacen sobre su actividad pública como feministas”.
Pese a que la pared del Normal Sarmiento ya tenía grafitis previos, los medios hegemónicos locales no tardaron en propagar los discursos de odio con comentarios estigmatizantes contra la protesta social y, puntualmente, contra la protesta feminista. “Hay luces led de colores, aires acondicionados, entre otras adulteraciones. Pero ni eso ni otras pintadas son consideradas daño”, afirma María Dolores Córdoba.
La justicia penal citó a declarar a las cuatro activistas sin dar motivo alguno. Luego de ser indagadas de manera ilegal, ellas pidieron su sobreseimiento. Actualmente continúan a la espera de que el Segundo Juzgado de Instrucción ordene desligarlas de esta causa que a todas luces resulta irregular.
“Deseo que me dejen en paz”
Pierina Nochetti es lesbiana visible y trabajadora de la Municipalidad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Tiene tres hijes y en febrero de este año fue denunciada penalmente, acusada de haber pintado “¿Dónde está Tehuel?” en las paredes del Anfiteatro Municipal durante la Marcha del Orgullo LGBTBQ+, de la que participó junto a otres compañeres en su ciudad. La única prueba en su contra: una foto con una persona de espaldas, donde dicen que es ella.
“Esto viene agarrado de un vaciamiento que ya me venían haciendo en el trabajo”, denuncia Pierina en diálogo con Feminacida. Es que luego de la denuncia por las supuestas pintadas, el municipio le descontó 10 mil pesos de un salario de 37 mil, además de suspenderla por 10 días sin goce de sueldo. Esto se sumó a otro tipo de recortes laborales que ya venía padeciendo, con su corrimiento de los talleres que brindaba como trabajadora del programa Barrio Cultura que depende de la Secretaría de Desarrollo Social.
La denuncia había sido archivada por falta de pruebas, pero por algún motivo desconocido que Pierina atribuye a “presiones”, fue desarchivada. El 25 de septiembre le llegó la notificación de que elevaron el caso a juicio oral. “Siento mucha discriminación”, afirma Pierina y anhela: “Me sale el deseo de que me dejen en paz, ojalá se cumpla”.
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Hostigamiento policial
El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la colectiva Socorristas Zapala, provincia de Neuquén, salió a la plaza con una mesita para entregar tests de embarazo, anticonceptivos y folletería con información sobre el derecho al aborto. A menos de veinte minutos de comenzar la actividad, efectivos policiales comenzaron a hostigarlas.
Primero fueron dos policías montados en bicicleta pidiendo sus datos personales para anotarlos en una libreta. Ante la negativa de las activistas, llegaron más oficiales. “Estuvieron una hora y media llamándonos ‘mamitas’, amenazando con el desalojo e intervención municipal para labrar un acta contravencional, entre risas, en tono de burla y respuestas sin fundamentos”, denunció Socorristas Zapala en sus redes sociales.
El amedrentamiento culminó con la llegada del fiscal de turno que dio cuenta del hostigamiento. En los próximos días la colectiva socorrista presentará una denuncia para que se investigue el accionar policial.
Ante la criminalización, organización
María Dolores Córdoba analiza que la situación de criminalización de la protesta feminista en San Juan se da “en un escenario de proliferación de discursos misóginos, antifeministas, neo fascistas, a través de las redes sociales y medios de comunicación”. Y agrega que en un momento de crisis como el actual, donde las protestas se multiplican, también hay una “intencionalidad de control social y de mantener una imagen de orden social por parte del Estado provincial”.
Entonces, ¿qué estrategias pueden darse los feminismos en este contexto? Desde las organizaciones feministas y de derechos humanos de San Juan presentaron una denuncia por violencia pública política contra el Estado provincial con el objetivo de que cese la persecución. La denuncia señala la “conducta perpetrada por el Estado y por sus agentes, que, usando indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de derechos humanos y deslegitimar las causas que perseguimos, provoca deshonra, descrédito y persecución social”.
“Denunciamos al Estado por ejercer violencia contra mujeres con participación política como una forma de disciplinamiento, control y llamado al orden”, dice la integrante de Ni Unx Menos. En todos los casos, les activistas señalaron que la estrategia para afrontar la criminalización en medio de los crecientes discursos de odio es la organización colectiva y la visibilización.
