El pasado mes de junio, la Asociación Civil La Casa del Encuentro publicó un informe en el que reveló que 120 niñes menores de 12 años fueron asesinades en la última década en la Argentina en el contexto de femicidios vinculados. Es decir, como consecuencia de quedar interpuestes en la línea de fuego del femicida.
La escalada de la violencia contra mujeres se refleja en los datos aportados: en su relevamiento, La Casa del Encuentro señaló que 95 de los agresores eran padres o padrastros del niñx y 18 eran ex parejas de la madre. A su vez, 82 de los casos sucedieron en la casa de la víctima, mientras que en 16 oportunidades fueron en la vivienda del femicida.
En un contexto de violencia extrema contra mujeres e infancias, ¿cómo aborda la problemática el Estado? ¿Qué deudas tiene frente a los reclamos sociales? ¿Quiénes y cómo cuidan a las infancias?
Una forma extrema de violencia hacia las mujeres
El concepto de femicidio vinculado es un aporte teórico realizado por La Casa del Encuentro y hace referencia a aquellos asesinatos cometidos por hombre contra niñes para castigar a una mujer (su pareja o ex pareja), o bien a los casos en los que una persona queda en medio de la línea de fuego del femicida y resulta herida o asesinada.
Ada Rico es la presidenta de dicha asociación civil y, en diálogo con Feminacida, explica que incorporaron el término en el año 2009 al observar que “se hablaba mucho de niñes asesinades, pero no se pensaba en que había personas adultas que también eran asesinadas o agredidas en el contexto de un femicidio (o intento del mismo)”.
En ese sentido, se relaciona con el término “violencia vicaria”, que hace referencia al ataque de une hije por su progenitor con el objetivo de causarle dolor a la madre. “El femicidio vinculado se diferencia de la violencia vicaria por ser un término más extenso que apunta a todas las personas que se ven involucradas como víctimas, como puede ser une vecine, hermane, amigue u otre pariente para realizar un análisis exhaustivo que recupere todas las aristas asociadas a la violencia de género”, explica Rico y agrega: “En el caso de niñxs es más tremendo porque muchas veces los asesinan para generar un sentimiento de culpa en la mujer a quien quieren violentar y que consideran de su propiedad, con el objeto de castigarla psíquicamente”.
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¿Qué dicen los datos?
De acuerdo con el informe de la organización, a cargo del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, 45 de las 120 personas asesinadas tenían entre 7 y 12 años, 40 tenían entre 3 y 6 años, y 35 eran menores de 2 años. Con respecto a los femicidas, el Observatorio reveló que 45 de ellos se suicidaron tras cometer el hecho, mientras que 17 tenían denuncias previas, 7 tenían una medida cautelar de prevención y 5 eran agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad.
Por otro lado, los distritos con mayor índice de hechos fueron: la provincia de Buenos Aires (44 casos), Córdoba (14), Santiago del Estero (8) y Santa Fe (7).
Consultada al respecto, para Ada Rico indica: “Cada vez que una mujer es asesinada nos preocupa el hecho de que muchos femicidas tenían una denuncia previa. Y en el caso de personal perteneciente a las fuerzas de seguridad, en muchas ocasiones ni siquiera había servido para que les quiten el arma”.
Acerca del abordaje de las denuncias, sostiene: “Las mujeres denuncian y se van de la comisaría con un documento en el bolso, pero ¿en qué las protege un papel? ¿Cómo actúa la Justicia para proteger a las mujeres incluso luego de animarse a denunciar una situación de violencia?”
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A siete años del Ni Una Menos y a la luz de estos datos, ¿cómo aborda el Estado la problemática de violencia de género? ¿Qué sucede con les niñes que perdieron a algún familiar (probablemente su madre) como consecuencia de un femicidio?
Cuidar a las infancias y cuidar a quienes las cuidan: el rol del Estado
De acuerdo con los datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), hasta noviembre del 2021, 1029 niñas, niños y adolescentes accedieron a una reparación estatal por la situación de orfandad provocada por femicidas, estipulada por la Ley 27.452 o Ley Brisa.
Esta medida fue promulgada en el año 2018 e impulsada por La Casa del Encuentro y establece que les hijes de mujeres víctimas de femicidio deben ser protegides para crecer en un ambiente sano y libre de violencias, por lo que tienen derecho a recibir una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza hasta los 21 años.
Clara Santamarina es abogada y coordinadora de área del Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en violencia sexista y trata de personas (CAOPI) de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En diálogo con Feminacida, sostiene que es usual que les hijes de una víctima de femicidio queden desprotegides, en especial si fue su propio progenitor el femicida.
“Para la Casa del Encuentro, la Ley Brisa representa la lucha para contemplar la responsabilidad estatal con aquellas víctimas impensadas hasta ese momento: niños y niñas que quedaban huérfanos de su madre”, señala la especialista y suma: “Implicó también incorporar la noción de víctimas colaterales de los femicidios y demandar una respuesta estatal para ellos y ellas”.
Ada Rico sostiene que muchas veces hay dificultades burocráticas que impiden el acceso a los beneficios de esta reparación. "Nosotras facilitamos ayuda y asesoramiento: hay que acompañar para allanarles el camino”, aclara.
Por otra parte, La Casa del Encuentro impulsó en 2015 la sanción de la Ley de Pérdida de la Responsabilidad Parental del hombre condenado por femicidio. Esta medida impide que se exija a las víctimas colaterales de femicidio la revinculación con su progenitor condenado por el femicidio o tentativa de femicidio de su madre.
“Tanto la Ley de Privación de la Responsabilidad Parental como la Ley Brisa buscan garantizar el interés superior de niñes y adolescentes, entendiendo que el Estado tiene un deber de protección especial de sus derechos”, explica Santamarina.
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Elena Pérez Petre es Licenciada en Psicología y psicóloga de La Casa del Encuentro. Consultada al respecto de cómo el Estado acompaña frente a los casos de femicidios vinculados, explica que primero hay que diferenciar los femicidios vinculados de las víctimas colaterales, que son niñes que perdieron a algún familiar como consecuencia de un femicidio y que en muchos casos el femicida es su progenitor o incluso pueden haber presenciado el asesinato de su madre.
“En términos del cuidado de la salud mental, es importante que tanto niñes como adultes logren acceder a lugares de asistencia especializados que puedan abordar el caso desde una mirada adecuada e integral, siendo necesario un lugar de acompañamiento, contención y escucha”, aporta la psicóloga.
En este contexto, ¿cómo se acompaña a las mujeres denunciantes y/o sobrevivientes de un ataque por violencia de género?
“Desde CAOPI realizamos un acompañamiento, orientación y asistencia psicológica, legal y social de forma interdisciplinaria. En lo que respecta al área psicológica, acompañamos a la mujer en una primera escucha y en la búsqueda de un espacio adecuado para un tratamiento a largo plazo”, explica Elena.
El objetivo es acompañar a que cada mujer pueda fortalecerse y conocer sus derechos y herramientas disponibles. "Como profesionales de la salud mental debemos tener en claro que no es fácil romper con vínculos violentos, teniendo en cuenta que muchas veces hay, además, hijes en común o dependencia económica”, advierte la profesional.
Foto de portada: Victoria Eger
