Jorge Benatti, el juez de Familia de Cipolletti, fue denunciado por al menos 15 mujeres por la violencia ejercida por este magistrado quien, con sus fallos carentes de perspectiva de género y niñez, vulnera los derechos de las infancias revinculando a niños y niñas con sus abusadores. ¿Es este un caso aislado? ¿Qué rol ocupa el poder judicial y por qué es importante repensarlo? En esta nota, la lucha de las madres protectoras frente a la criminalización.
Con su hija sentada en su sillita en la parte de atrás, B. se agarra fuerte al volante de su auto. Está cansada. Fue otro día más en el Juzgado de Familia N° 5 de Cipolletti, provincia de Río Negro. Allí, el juez Jorge Benatti la obligó bajo amenazas y hostigamientos a llegar a un acuerdo con el progenitor de su niña, acusado de abuso sexual contra las infancias, para que vuelva a verlo.
El mecanismo de este juez es siempre el mismo: deja en desprotección a niñas y niños revinculándolos con progenitores violentos, utiliza como argumento el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y luego lo niega. Además, a les profesionales que certifican las situaciones de abuso les denuncia y amenaza, y acusa de mentirosas a las madres protectoras.
“Es un adoctrinamiento no solo hacia las mujeres sino también hacia les niñes”, alerta B. quien también tuvo que dejar su empleo por la persecución laboral que comenzó sufrir después de denunciar a Benatti.
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La Asociación MAMI, que acompaña a mujeres en situación de violencia vicaria (aquella ejercida por hombres violentos a través de les hijes), registró que Río Negro es una de las provincias con mayor cantidad de denuncias de este tipo, acompañada Neuquén y Córdoba.
“La violencia vicaria se sostiene por la violencia institucional”, asegura a Feminacida Susana Ruberto, directora de la Asociación MAMI. “Disfrazado de derechos de patria potestad, la mujer será maltratada y culpada en los tribunales. El maltratador la llevará a la justicia por cualquier motivo, denunciandola de maltratadora o de loca. Obligará a la mujer a pagar abogades, peritos y psicólogues, ya que te piden de todos los informes habidos y por haber: la estrategia es perseguirla a través de la justicia”, explica.
María Marta Yelmini se unió a la Asociación MAMI y logró reunirse con otras mujeres de Cipolletti para conformar un grupo de trabajo y denunciar el accionar del juez Benatti. “Redactamos más de 15 denuncias de madres que fueron violentadas por este juez y las mandamos al Consejo de la Magistratura de Río Negro”, relata y advierte: “Benatti tiene un sistema organizado para castigar a las madres y a les hijes”.
Los lobos solitarios no existen
El accionar del juez Benatti en la ciudad rionegrina de Cipolletti lejos está de ser un caso aislado. De hecho, la diputada Mónica Macha presentó hace unos días un proyecto de ley para derogar la Ley N° 24270 de impedimento de contacto, frente a una problemática actual y extendida a lo largo y ancho del país: las madres pueden ir presas por cuidar a sus hijes de los abusadores.
Daniela Rosso, madre protectora de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que hay seis casos en Argentina marcados como graves: el de Flavia Saganías en Capilla del Monte, condenada a 23 años de cárcel acusada de planificar un ataque contra su ex pareja a quien había denunciado por abusar sexualmente de su hija; el de Gilda Morales, quien fue separada de su hijo por la Justicia en 2015; la niña Arcoiris en La Rioja, cuya madre protectora fue perseguida judicialmente con siete imputaciones penales y amenazas de cárcel; la niña Sol, que fue separada de su madre en Córdoba hace más de tres años luego de una denuncia contra su progenitor por abuso; las niñas Michelle y Alicia.
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En una conferencia de prensa en apoyo a Flavia Saganías, el caso más extremo de criminalización hacia las madres protectoras, Daniela aseguró que en todos los casos que hay Abuso Sexual en la Infancia (ASI), "hay una mujer que denuncia, busca proteger a les niñes, hay prácticas de encubrimiento judicial y grupos antiderechos operando”.
Al respecto, Enrique Stola, médico psiquiatra y experto en violencia de género y agresiones sexuales contra las infancias, asegura que una mujer, cuando se acerca al poder judicial a denunciar situaciones de violencia, entra inmediatamente en “un espacio de sospecha”. “Se sospecha que quiere perjudicar al varón, mucho más cuanto tiene que denunciar incesto paterno filial”, añade el especialista en una entrevista con este medio.
Según Stola, gran parte del sistema judicial está destinado a proteger a los progenitores que agreden sexualmente a sus hijes a través de diferentes metodologías. La patologización de las madres, además de la criminalización, es una de ellas. “La mujer es cuestionada, psiquiatras hacen diagnósticos de personalidad y evalúan si están en condiciones de ejercer su rol materno. Las suelen diagnosticar como trastornos de personalidad y con esto exculpan a la pareja”, explica.
En Argentina se estima que de cada 1000 abusos sexuales contra las infancias que se cometen, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Frente a esta problemática, que tiene el nombre y apellido de jueces y juezas que siguen sosteniendo lógicas patriarcales y protegiendo abusadores, hay madres luchando por proteger a sus niñes. Tejer redes, visibilizar y estar juntas es su fortaleza.
