La Banca de la Mujer del Senado de la Nación dictaminó a favor de la normativa que busca incorporar a la "violencia digital" como otra de las modalidades de violencias contra las mujeres detalladas en Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El proyecto fue impulsado por la senadora sanjuanina del Frente de Todos Cristina López Valverde y se debatirá luego de las elecciones legislativas de noviembre. Además de obligar a eliminar el material íntimo publicado sin consentimiento, se intentará que el Estado nacional incluya programas de educación digital.
El descargo de Florencia Peña, actual conductora del magazine diario de Telefé, en el mes de agosto volvió a poner en tela de debate la misoginia y los discursos de odio que proliferan en las redes sociales. Sobre todo en Twitter, donde a través de la publicación y reproducción masiva de hashtags, la violencia escala y se recrudece a niveles intimidatorios muy altos.
La violencia de género digital es hoy una de las expresiones más estudiadas por la reiteración de escenarios similares: el caso de la actriz no fue el primero. ¿Por qué no sucedió lo mismo con los varones que asistieron a las reuniones en la quinta de Olivos? ¿Quiénes están detrás de los ciberataques a mujeres e identidades disidentes? ¿A qué punto llega esa molestia por disputar espacios de la escena pública? ¿Realmente se cree que una milicia de trolls puede callarnos?
*Columna semanal en Diario con Vos
La semana pasada trascendió un registro con visitas a la quinta presidencial durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se trataba de encuentros entre el presidente y distintxs referentes de la cultura, el deporte y la política para notificar y evaluar las necesidades de cada sector frente a la emergencia sanitaria.
Los cuestionamientos de la oposición no tardaron en llegar y Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio y actual candidato, volvió a destilar su misoginia en las redes sociales. El domingo publicó un tweet con los nombres de tres mujeres que habían asistido a las reuniones con Alberto Fernández y eligió fotos donde posaban semidesnudas y en otro contexto. Una de ellas era Florencia Peña. Horas más tarde, el legislador asistió a un programa de TN donde profundizó su discurso machista al calificar estas visitas como “escándalos sexuales”.
Luego de ocupar seis días entre las primeras tendencias en Internet, Peña utilizó el espacio de su programa para denunciar la operación mediática financiada para instalar el tema en la agenda. “¿Por qué se la agarraron conmigo si estuvieron tantos productores y hombres importantes pidiendo por lo mismo? ¿Si las mujeres que fueron a la quinta de Olivos son ‘gatos’, los hombres qué son?”, cuestionó al aire en Flor de equipo. “Les soy una mujer inconveniente y necesitan atacar mi credibilidad”, declaró en una entrevista con la periodista María O’Donnell.
En vez de discutir la modalidad de las reuniones, se desacreditó la capacidad intelectual de las mujeres al poner el foco en la sexualidad. ¿Llegará el día en que podamos dejar de dar explicaciones? ¿A costa de qué se nos exige enumerar razones? ¿Señalar y apuntar el debate público hacia la sexualidad de las identidades feminizadas puede considerarse una de las máximas expresiones de un patriarcado tambaleando?
La violencia de género digital existe
Si bien aún se trabaja en consensos, ONU Mujeres definió a la violencia de género digital como “aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y/o la seguridad de las víctimas”. Estas expresiones de violencia pueden manifestarse a través del monitoreo, acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras prácticas.
El hostigamiento virtual hacia mujeres públicamente reconocidas tiene antecedentes. La violencia que recibe y ha recibido Cristina Fernández de Kirchner en el escenario virtual es uno de los tantos ejemplos. En abril de este año, Ofelia Fernández, legisladora porteña de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, tuvo que cerrar su cuenta personal de Twitter debido a incesantes agravios, comentarios hirientes e insultos sobre su cuerpo. Actualmente sólo mantiene abierta su cuenta institucional.
La periodista política Romina Manguel también ha sido centro de ciberataques en varias oportunidades, tanto por sus opiniones públicas en programas donde participa, como por la relación sexoafectiva que mantiene con un hombre 20 años menor que ella. “Nadie cuestionó a mi compañero Alejandro Fantino por estar en pareja con una mujer con la misma diferencia de edad”, expresó la semana pasada en el ciclo radial conducido por Reynaldo Sietecase.
El estudio Ser periodista en Twitter. Violencia de género digital en América Latina, coordinado por Lina Cuellar y Sandra Chaer, concluye que el retiro de ciertas personalidades de sus redes sociales condiciona el derecho a la libertad de expresión. Según comprueba la investigación, las mujeres se corren del debate público para resguardarse de las descalificaciones, amenazas e intimidaciones. Sobre los ataques coordinados, las investigadoras indican: “Queda claro que varios de los gobiernos de nuestra región, o sectores afines a los mismos, están realizando una importante inversión en la promoción de la violencia en redes sociales con el objetivo de disminuir las voces disidentes y aún a riesgo del debilitamiento de nuestra democracia”.
¿Es Twitter un caldo de odio?
De acuerdo a la investigación ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y focalizada en cuentas de Twitter del cono sur de América Latina, “los discursos violentos tienen un alto impacto en la sociedad: impiden el intercambio de ideas, crean burbujas afines y acallan voces, lo que limita la libertad de expresión y afecta el debate público y, por ende, la calidad de la democracia”. De los cuatro países estudiados, Argentina fue en el que más aumentó la “violencia antigénero”. Entre los agravios se destacan los ataques hacia el aspecto físico, las capacidades de decidir sobre los cuerpos y la idoneidad, tanto en mujeres como en identidades trans.
La totalidad de lxs referentes feministas entrevistadxs recibieron discursos violentos en sus redes sociales, y casi la mitad fue objeto de campañas coordinadas en su contra en Twitter. Sin embargo, la violencia trascendió la virtualidad y escaló a otras instancias. Según los datos relevados, el 46 por ciento recibió mensajes intimidatorios personales, el 33 por ciento vivenció un hecho violencia en la vía pública y el 4,2 por ciento en su domicilio.
Siguiendo la línea de la investigación de Comunicación para la Igualdad, las cuentas de referentes individuales reciben una agresión mucho más directa y virulenta que las institucionales debido a su intervención con posicionamientos políticos. En el caso particular de Argentina, las cuentas de Lali Espósito, Florencia Peña y Luciana Salazar son algunas de las “super influenciadoras aliadas del feminismo”. Y aunque no siempre tengan una inserción social, política y cultural acorde a las agendas feministas, son destacadas en términos de interacciones con perfiles afines.
Por una reparación a la altura
Las diputadas Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Mara Brawer, Gabriela Estévez y Gisela Marziotta, entre otras integrantes del Frente de Todos, presentaron ayer el pedido de expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara Baja “por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres”. Meses atrás, el actual candidato de Juntos por el Cambio descalificó en un debate televisivo a la funcionaria Victoria Tolosa Paz diciendo que “es más difícil discutir con ella porque es mujer, es linda”.
¿Cómo deberían repararse estas violencias que, lejos de cesar, siguen escalando? ¿Qué hacer cuando el repudio masivo ya no alcanza? ¿Cuáles son las consecuencias de la instalación y legitimación de discursos misóginos como este?
La Defensoría del Público actualmente se encuentra trabajando en la actualización y ampliación de las recomendaciones sobre violencia de género para un tratamiento mediático responsable. El organismo no regula directamente el escenario de las redes sociales, sino que recibe denuncias del público de radio, televisión y otros medios regulados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, las formas de violencia digital por razones de género han resultado de central interés frente a lo que sucede en la escena pública.
Nuestros cuerpos y nuestras sexualidades deben quedar fuera de las estrategias electorales. El ataque a Florencia Peña se instaló en la agenda no sólo por razones ideológicas, sino porque es una figura públicamente reconocida. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que esto sucede. La violencia digital hacia mujeres e identidades disidentes es sistemática y se profundiza cuando disputamos espacios históricamente ocupados por varones con poder. Como periodistas feministas, necesitamos debates políticos y mediáticos que estén a la altura. No hay más palabras, solo hastío.
