La organización social y latinoamericana La Poderosa presentó en el marco del 8M un proyecto de ley de reconocimiento salarial a todas las cocineras comunitarias que sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país. Son mayoritariamente mujeres y disidencias que destinan hasta ocho horas diarias a cocinar para centenas de personas cada día. La iniciativa contempla un ingreso que tenga como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil, vacaciones, jubilación y seguridad social.
Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en Argentina 10,6 millones de personas son pobres, lo que implica que sus ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. De ello se desprende que necesiten asistencia alimentaria diaria, algo que convierte en esencial el trabajo en las barriadas.
Joana Ybarrola es vecina de la Villa 31 y referenta de La Poderosa. Entrevistada por Feminacida, cuenta: “Las cocineras se vienen organizando desde antes de la crisis de 2001 y cocinan diariamente para 40 mil personas”. Ella, junto con otras compañeras, suman un total de 1700 personas que en su mayoría son mujeres y disidencias, solo en esta organización. Son ellas quienes trabajan detrás de las ollas que garantizan el alimento diario dentro de su comunidad. “No celebramos que se abran comedores, soñamos con que dejen de existir pero hoy son el sostén de millones de personas en todo el país”, sostiene Joana.
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Según el informe Caracterización de la población inactiva en edad de trabajar (2021), elaborado por Fundación Éforo, el 65 por ciento de las personas con estas características son mujeres. Entre los factores que explican la inactividad de las personas debemos tener en cuenta el rol desempeñado al interior de los hogares, la distribución de las tareas de cuidados, los niveles educativos alcanzados y la configuración de la familia, como así también el trabajo comunitario que muchas de ellas realizan.
“Este trabajo fuera de casa que suele abarcarnos unas ocho horas diarias, claramente precariza aún más nuestra situación porque no podemos salir a buscar un trabajo remunerado cuando además cuidamos a nuestros propios hijes el resto del tiempo y, en simultáneo, con el trabajo que realizamos en los comedores comunitarios”, explica la referenta. Y agrega: “Cargamos con una triple jornada laboral que no alcanza para mantenernos. Hay compañeras que se dedican a este trabajo desde hace 30 años y no cuentan con seguro social ni con ningún tipo de cobertura”.
Cabe destacar que el vínculo del Estado con los comedores comunitarios es visible, una realidad tangible. El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom) releva el número de comedores y merenderos comunitarios que funcionan en el país. Hasta el momento cuenta con 5 mil espacios registrados y otros aún no figuran en los datos públicos. Desde La Poderosa denuncian que desde hace meses el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación les debe toneladas de alimentos. Ante esta situación son las cocineras quienes consiguen la comida de forma autogestiva para poder alimentar familias enteras.
El proyecto abarcaría, aproximadamente, a 70 mil personas. La inversión social requerida representaría un presupuesto global equivalente a menos del 0,07 por ciento del PBI nacional, el 10 por ciento de lo destinado a servicios de inteligencia o al 0,14 por ciento de los servicios de deuda previstos en el presupuesto 2023.
Durante toda la jornada del miércoles frente al Congreso de La Nación, las cocineras estuvieron presentes con distintas actividades desde la mañana donde reafirmaron el pedido de aprobación del proyecto de ley. Contaron con el apoyo de la diputada nacional Natalia Zaracho, la legisladora portaña Ofelia Fernández, Dina Sánchez, secretaria General de UTEP y La Negra Albornoz, referenta de La Poderosa. Allí hicieron oír el pedido y juntaron firmas para respaldar el proyecto como una iniciativa popular.
