Cuando en 2018, a sus dos años de edad, Arcoiris develó los abusos sexuales que sufría por parte de su abuelo paterno, su madre realizó la primera denuncia. Desde ese día, el Poder Judicial de La Rioja pone en grave riesgo a la niña obligándola a mantener visitas parentales que la exponen permanentemente a nuevas situaciones de violencia que vulneran sus derechos. ¿Qué hace falta para que el Poder Judicial tome medidas de protección hacia la niña? ¿Por qué sigue sin escucharla?
Arcoiris tiene 6 años y vive en la ciudad de La Rioja. Cuando tenía 2 años contó por primera vez los abusos que sufría por parte de su abuelo paterno y desde ese entonces, su mamá presentó cuatro denuncias (junio de 2018, agosto de 2019, marzo de 2022 y marzo de 2022) sin obtener respuesta alguna. La niña sigue siendo obligada a mantener las visitas parentales donde queda a merced de su agresor pese a que existe una prohibición de acercamiento vigente.
Estas revinculaciones forzadas y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) son las estrategias judiciales más comunes en Argentina que permiten a los violentos mantener su impunidad. Mientras tanto, el poder judicial de La Rioja sigue sin dictar las medidas cautelares que se solicitaron hace más de una semana para proteger la integridad emocional, física y sexual de Arcoiris.
“La niña ha expresado en reiteradas oportunidades frente a funcionaries judiciales, psicólogues y asistentes sociales su deseo de vivir con su madre y ha sido desoída cada vez”, denuncia en diálogo con Feminacida Giselle Videla, abogada del caso e integrante de del equipo de trabajo Justicia por Arcoiris.
Al regresar de una visita en el domicilio de su progenitor la semana pasada, la niña manifestó haber sido agredida nuevamente, lo que fue constatado por la Policía Técnica. Ante esta situación, más de 500 personalidades, diputadas nacionales de todos los bloques y organizaciones de todo el país solicitaron al Poder Judicial de La Rioja y a los Organismos de Niñez y Adolescencia medidas de protección y cuidado efectivas.
Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue una de las referentas que encabezó el petitorio: "Las Madres exigimos a las autoridades de La Rioja, en especial al Poder Judicial, que impidan que a la niña Arcoiris continúen siéndole vulnerados los derechos humanos", dijo en un video que publicó en las redes sociales.
Este miércoles Arcoiris debía volver con el padre, pero su defensa presentó nuevos escritos en la Cámara Civil pidiendo una prórroga para que pueda quedarse con su madre hasta tanto se resuelvan las medidas presentadas.
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Según explicó la abogada Giselle Videla, la Cámara Civil Cuarta, a cargo del juez Rodolfo Ortiz Juárez, debe resolver tres medidas: la cautelar presentada por la madre para que se restituya a la niña a su centro de vida, como desea Arcoiris; la suspensión del régimen de cuidado a favor del progenitor debido a que es partícipe necesario de los hechos que sufre la niña en cada visita; y medidas de protección no solo en contra del abuelo, sino también del mismo progenitor y su entorno.
La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación María Graham envió una delegación a reunirse con Pablo Cubillo, Asesor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Pupilar de La Rioja, y a tomar contacto de primera mano con los expedientes judiciales. “El delegado de la Defensora pudo constatar que el pedido de medida cautelar es por nuevos hechos de abuso sexual. Y ahora estamos expectantes de su intervención y de la de Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para lograr la protección efectiva de Arcoiris”, indicó la abogada Élida Barrera.
El Poder Judicial, cómplice
El abordaje institucional de los abusos sexuales viene siendo puesto en cuestión en todo el país. A fines de febrero se puso en funcionamiento en el Congreso de la Nación una Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a las Infancias: “La desprotección a Arcoiris tiene un patrón común con los casos de Gilda Morales, Flavia Saganías, la niña Sol y la niña Alicia. En ellos se repiten, entre otros elementos, la desprotección a las infancias y las contradenuncias penales a las madres protectoras” afirma María Beatriz Müller, integrante de la Mesa y de Salud Activa, organización especializada en la temática.
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Carolina Goicochea, activista feminista de Ni Una Menos La Rioja, advierte que la Justicia “arremete contra las madres protectoras” sin “ninguna perspectiva de género”. Cuenta que tienen conocimiento de al menos cuatro casos en esa provincia de madres protectoras con impedimento de contacto con sus hijes.
El mecanismo es perverso. Mientras los pedidos del progenitor son atendidos rápidamente por el Poder Judicial, las medidas de cuidado solicitadas por la madre siguen esperando en un cajón.
“Cuando las madres protectoras denuncian violencia o abusos sobre sus hijes automáticamente el Poder Judicial las persigue, criminaliza y muchas veces les niñes terminan siendo víctimas de revinculaciones forzadas o incluso viviendo con su progenitor por decisión judicial. Es violencia institucional que se da de manera sistemática en este tipo de casos”, advierte la letrada Giselle Videla.
Si Arcoiris ya habló, ¿qué hace falta para que el Poder Judicial tome medidas de protección hacia la niña? ¿Por qué sigue sin escucharla?
Según informaron fuentes cercanas al caso, el abuelo y agresor de Arcoiris es empleado de la Secretaría de Justicia y mantiene estrechas vinculaciones con Ana Karina Becerra, ex Secretaria de ese organismo, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y sobrina del gobernador Ricardo Quintela.
No nos callamos más
Para sostener su impunidad, los agresores también se valen de otros mecanismos: la censura. Periodistas, activistas feministas y hasta la primera psicóloga a la que Arcoiris recurrió para contar con confianza lo que estaba viviendo, fueron censuradas con un bozal legal que no les permite hablar del caso.
La periodista Manuela Calvo es una de ellas. A través de una medida autosatisfactiva, se le impidió estrenar un cortometraje que denunciaba la violencia institucional ejercida por el Poder Judicial en casos de Abuso Sexual en la Infacia (ASI). En esa producción audiovisual, que censuraron sin ver previamente, una niña de ficción víctima de ASI y revinculación forzosa narraba sus sentires y pensares.
Además, la obligaron a bajar de sus redes sociales todo tipo de contenido relacionado con Arcoiris y la investigación que la comunicadora había realizado sobre la violencia mediática en torno al tratamiento de este caso. El mismo abogado que censuró a Calvo, interpuso una medida de iguales características contra una activista de Ni Una Menos La Rioja.
Pero Arcoiris y su madre no están solas. Para hacerle frente a estas violencias, organizaciones feministas seguirán esgrimiendo estrategias de visibilización, campañas y acciones callejeras.
