Las demandas transfeministas pisaron fuerte en la Cámara de Diputados cuando se trataron los proyectos de Ley de equidad de género en los medios y de cupo laboral travesti trans. Si bien hubo intentos por parte de distintos medios de desacreditar y simplificar la discusión, ambos proyectos se sostuvieron firmes en el Congreso y obtuvieron los votos necesarios. La Ley de Equidad de Representación de los Géneros en Servicios de Comunicación fue aprobada con 134 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Y el proyecto de Promoción al Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero obtuvo media sanción y ahora deberá pasar al Senado.
“Son leyes transfeministas porque revierten violencias patriarcales como el desempleo de la comunidad travesti trans solo por motivos de su identidad de género o la violencia simbólica machista que ha hecho de los medios tradicionales su espacio para propagar y pregonar la micropolítica del patriarcado”, sostuvo la diputada Mónica Macha en entrevista con Feminacida. Estas leyes ya no solamente se ajustan al sujeto político de las mujeres cis, sino que hoy miran a esta realidad diversa y comienzan a retomar las reivindicaciones por una vida digna en todas sus dimensiones que viene planteando el colectivo LGBTTIQ+. “Ambas leyes hacen que nuestra sociedad sea más honesta pero también repara desigualdades y potencia proyectos de vida”, agregó Macha.
Con fuerza de ley
“Faltamos en en los medios” fue la consigna que en el 2019 amplificó el reclamo por una ley que tuviera en cuenta la representación de todas las identidades de género en los medios. A partir de ahí la lucha por hacer escuchar nuestras voces no se detuvo. Durante el 2020 se presentaron distintos proyectos de ley que abordaban esta problemática, el que se aprobó finalmente es el que diseñó Norma Durango, senadora por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del Senado nacional, en conjunto con Periodistas Argentinas y el medio LATFEM.
Los grupos mediáticos hicieron lobby durante toda la jornada de ayer para que no se aprobara la ley con los mismos argumentos con los que se opusieron a la Ley de Medios. En este momento, lxs periodistas que responden a estos espacios hegemónicos repiten sin parar como operadores sincronizados estos discursos, sólo con la finalidad de defender los intereses de los que manejan los hilos de la comunicación. Viviana Canosa sostuvo que la ley venía a imponer el lenguaje inclusivo y otros dijeron que quienes no tengan una distribución de género equitativa no recibirán pauta. Sin embargo, sólo hace falta leerla para saber que estos dichos son falsos y que se trata de otra avanzada de los grupos conservadores de siempre. A la hora de la votación, la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantó del recinto para intentar no dar quórum y los nueve que se quedaron en el recinto votaron en contra.
El proyecto busca generar las condiciones para ejercer un periodismo con todas las identidades de género incluidas, bajo condiciones laborales de igualdad y con garantías de redistribución. No es solo un cupo, no regula la pauta, no obliga a ningún medio privado a adherir ni a usar el lenguaje inclusivo ni impone contenidos. Por lo contrario, apunta a desarrollar mejores condiciones para el ejercicio de este oficio en un marco de pluralidad.
La ley tiene como objetivo “promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada” y alcanza a los medios públicos y privados con o sin fines de lucro. Según afirma el proyecto, esta perspectiva de diversidad sexual supone “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”. Un principio clave que permite pensar más allá de los términos binarios hombre/mujer e incluir a todo el colectivo LGBTTIQ+ en esta nueva normativa.
Los servicios de comunicación del ámbito público, según la ley, quedan sujetos al régimen obligatorio y deben garantizar como mínimo un 1 por ciento de representación de personas trans, travestis e intersex en la totalidad de su personal. Los de gestión privada con y sin fines de lucro están sujetos a un régimen de promoción. Se creará un registro de servicios de comunicación privados y se expedirán certificados que den cuenta de la equidad en la representación de los géneros en los medios que así lo cumplan. “El certificado acreditará la implementación y promoción de las disposiciones de la presente”, dice en su artículo 6. Además, los medios que tengan este certificado tendrán preferencia a la hora de la asignación de pauta publicitaria oficial. Este punto fue el que más controversias generó y en su votación tuvo 126 afirmativos contra 78 negativos y 2 abstenciones.
La ley incluye dos disposiciones transitorias, una para asegurar que los servicios de comunicación existentes adecuen sus normas a esta nueva legislación y otra que supone su implementación gradual. “Hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo en los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal serán cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan. En ningún caso se afectarán los cargos originados ni los concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente”, se explica en el artículo 12.
Un terreno desigual
Ahora bien, ¿por qué se festeja la aprobación de esta ley? ¿Por qué es necesaria? En la actualidad, el terreno mediático es profundamente desigual en materia de género. No es algo que sorprenda, pero lo cierto es que si se pretende transversalizar la perspectiva de género para pensar una realidad más equitativa, los medios no pueden quedar por fuera.
Según la investigación “Organizaciones de medios y género”, realizada por la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, “la inserción de las mujeres en el sector de comunicación podría resumirse en la frase ‘muchas estudian, menos trabajan y muchas menos se sindicalizan’”. El 64 por ciento de las personas que estudian carreras de Comunicación son mujeres, pero sólo 3 de cada 10 personas que trabajan en periodismo lo son.
La inequidad no sólo está presente en los porcentajes de representación sino también en la distribución de cargos. Existe además un techo de cristal en los medios, los cargos más altos están ocupados por varones. Según Comunicar para la Igualdad, el 78 por ciento de las empresas de medios y el 70 por ciento de los sindicatos de prensa están dirigidos por varones. Y esto sin siquiera reparar en las identidades que existen por fuera del binarismo hombre/mujer.
Además, el sector de prensa se encuentra profundamente precarizado y esto siempre tiene mayor incidencia sobre las minorías. Según el último informe realizado por Sipreba, el 55 por ciento de los salarios en CABA están por debajo de la canasta básica y el 57,8 por ciento de mujeres y disidencias tiene un sueldo por debajo de la línea de pobreza.
“Esta ley viene a traer lo que falta, a democratizar los medios, a desarmar las voces únicas del machismo, a hacer circular otros sentidos”, expresó Mónica Macha. Todas las identidades deben ocupar los espacios mediáticos no solamente desde espacios alternativos o independientes, sino también dentro de las redacciones y estudios donde el patriarcado aún sigue inamovible.
Cupo para todes
Otro de los proyectos de ley que se trató en la madrugada de hoy fue el de Promoción al Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, más conocido como de cupo e inclusión laboral travesti-trans. Con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones obtuvo media sanción para pasar al Senado.
El proyecto, con dictamen en comisiones desde diciembre de 2020, tiene por objeto “establecer medidas de acción positivas orientadas a lograr la efectiva inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina” y supone que el Estado dará trabajo al menos a un 1 por ciento de personas trans y travestis en la administración pública. Por otro lado, aquellas empresas privadas que se plieguen a la ley serán beneficiadas con el pago a cuenta de impuestos nacionales por un año. "A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley", indica otro de los artículos.
Luego del decreto 721/2020 del presidente de la Nación, Alberto Fernández, la urgencia porque el cupo sea ley es inminente para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a esta población. Según el Informe de Gestión Legislativa 2020 de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, “alrededor del 80 por ciento de la población travesti-trans hoy en día continúa sin acceder al trabajo formal”. Esto empuja a estas personas al mercado informal de trabajo, donde se exponen a situaciones de violencia y a la vulneración de sus derechos. El censo La revolución de las mariposas del 2017 da cuenta de que la expectativa de vida de las personas trans y travestis ronda entre los 35 y 40 años. “En el caso de las mujeres trans y travestis, el alejamiento temprano, forzado o no, del hogar familiar y, consecuentemente, la pronta interrupción del proceso educativo intervienen de manera directa y negativa en sus posibilidades de acceso a un empleo”, explica el censo y agrega que esto les lleva a una situación de prostitución o trabajo sexual como única forma de generar ingresos.
Este proyecto de ley, que obtuvo media sanción y pasa ahora a la Cámara de Senadores, también fue un reclamo por parte de referentes como Lohana Berkins y Diana Sacayán. Desde el 2015 distintas organizaciones sociales presentaron más de 20 proyectos que buscaban una respuesta por parte del Estado frente a esta exclusión sistemática del colectivo travesti-trans. “Hacen falta más políticas de igualdad, hace falta que el Estado abrace aquello que excluyó y dejó afuera toda la vida. Para nuestras compañeras travestis y trans no hay otras formas ni momentos mejores que ahora”, sostuvo en su discurso el diputado Leonardo Grosso.
