La polémica generada en las últimas semanas, luego de que una patota ligada al magnate británico Joe Lewis impidiera violentamente el acceso de un grupo de manifestantes al Lago Escondido, destapó la olla de encubrimiento al poder real. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en nuestro país? ¿Está en peligro el derecho al agua? ¿Cómo llegamos hasta acá?
Junto a sus otras 20 compañeras y compañeros de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), Andrea Gatabria participó a comienzos de este mes de la 6° Marcha por la Soberanía. El objetivo: llegar por la senda de montaña a la cabecera Este del Lago Escondido, un espejo de agua ubicado a unos 50 kilómetros de la localidad rionegrina de El Bolsón donde se ubica la mansión del magnate británico Joe Lewis, y bajar por el camino vehicular de Tacuifí, que sale por el paraje de El Foyel hacia la Ruta 40, entre las ciudades de El Bolsón y Bariloche.
Según el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de 2009, el Estado rionegrino debía dar condiciones de transitabilidad, tanto al camino de montaña como al de Tacuifí.
Además, el artículo 73 de la Constitución de esa provincia establece “el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público” y agrega que el Estado debe “regular las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”.
Todas las condiciones legales parecían acompañar a los y las manifestantes. Pero el Estado provincial, gobernado desde hace diez años por el partido Juntos Somos Río Negro, nunca cumplió con el fallo y el plan de acceder al lago no pudo ser posible.
Cuando el primer grupo llegó navegando al otro lado del Lago Soberanía, con intenciones de seguir a pie los dos kilómetros que faltaban para llegar al Escondido, se encontraron con una patota armada. “Eran 40 tipos encapuchados y armados, algunos en caballos con Nicolás Van Ditmar, testaferro de Lewis, a la cabeza”, describe Gatabria en diálogo con Feminacida. “Hubo amenazas de muerte”, denuncia. Uno de los caminantes, el médico Jorge Rachid, tuvo que ser rescatado en helicóptero tras sufrir una descompensación luego de los hostigamientos.
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“Esa noche dormimos haciendo guardias por turno porque habíamos quedado a la intemperie, sin poder salir por el lado del Lago Escondido y sin poder bajar. Porque nos habían amenazado con que nos iban a interceptar y hacer daño por haber llegado hasta ahí”, continúa Andrea Gatabria.
En 1996, durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem, Joe Lewis compró más de 11 mil hectáreas que rodean al Lago Escondido de manera irregular, ya que se trata de una zona de seguridad de frontera (Ley 15.385) y por lo tanto sólo podrían haber sido adquiridos por argentinos y argentinas nativas. La causa que investigaba la adquisición fraudulenta prescribió el año pasado.
“Lewis es el símbolo de la apropiación contra la ley de nuestros bienes comunes”, asevera Ana Wieman, activista ambientalista de la organización Árbol de Pie, y reclama: “Nos impiden el acceso al agua”. Wieman sigue el caso desde el 2005, cuando comenzaron las acciones judiciales por el acceso al lago.
Datos sobre la extranjerización de la tierra
Un informe de la Universidad Nacional de Río Negro y la Legislatura Provincial señala que la empresa Hidden Lake S.A. de Joe Lewis tiene 11.285 hectáreas, un 7 por ciento de las tierras de San Carlos de Bariloche, y es el segundo extranjero con mayor cantidad de hectáreas de esta ciudad.
Pero el problema de la extranjerización de la tierra no es ajeno al resto del país. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 5,23 por ciento de las tierras argentinas está en manos de personas extranjeras.
En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue sancionada la Ley 26.737, también conocida como la Ley de Tierras, que buscaba establecer límites a la titularidad de tierras rurales por extranjeros en el territorio argentino. Sin embargo, un decreto sancionado por Mauricio Macri en 2016 (que continúa vigente) flexibilizó las transacciones eliminando el tope de mil hectáreas que tenían los extranjeros.
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“La influencia ejercida por la empresa Hidden Lake S. A. sobre distintas gestiones gubernamentales —provinciales y locales— y todo tipo de ardides judiciales han permitido dilatar el cumplimiento efectivo de esa histórica sentencia; es el Estado provincial, en cada instancia, el responsable de la ejecución de las obras”, denunció Magdalena Odarda, actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una de las primeras denunciantes en la causa.
La aparición de esta patota impidiendo el paso hacia el lago no se da en un contexto aislado. Se produce en un escenario de escalada de violencia contra las recuperaciones territoriales llevadas adelante por el pueblo mapuche, como lo es la Lof Quemquemtreu, en la Cuesta del Ternero, donde fue asesinado Elías Garay. Evidentemente, hay intereses que se están tocando.
