La Justicia riojana secuestró este domingo todos los elementos de trabajo de la periodista Manuela Calvo para impedir que hable sobre el caso de Arcoíris, en el que se denuncia el abuso sexual a una niña por parte de su abuelo paterno. La orden de allanamiento, firmada por la jueza María Eugenia Torres y el secretario Fernando Bertolino del juzgado de instrucción de violencia de género y protección integral de menores N°1, alega que hubo "desobediencia a la autoridad". Sin embargo, esta es una forma de atentar contra la libertad de expresión y de prensa.
Manuela Calvo ya había sido intimada hace dos meses para que no hable sobre el caso. Se le impidió estrenar un cortometraje que denunciaba la violencia institucional ejercida por el Poder Judicial en casos de Abuso Sexual en la Infancia (ASI). En esa producción audiovisual, que sufrió censura previa, un personaje de ficción que era víctima de ASI y revinculación forzosa narraba sus sentires y pensares.
Además, la obligaron a bajar de sus redes sociales todo tipo de contenido relacionado con Arcoíris y la investigación que la comunicadora había realizado sobre la violencia mediática en torno al tratamiento de este caso. El mismo abogado que censuró a Calvo, interpuso una medida de iguales características contra una activista de Ni Una Menos La Rioja.
La Rioja: exigen al Poder Judicial que proteja a la niña Arcoiris
Cuando se dio a conocer el allanamiento, el Equipo de Trabajo de Justicia por Arcoíris se pronunció en contra de esta medida. "Entendemos esta acción como otro intento más de la dictadura judicial riojana para avasallar la denuncia de impunidad que desde diferentes ámbitos se está evidenciando en el caso Arcoiris", escribieron en su cuenta de Instagram. Desde Ni Una Menos La Rioja también repudiaron el accionar y lo tildaron como "un claro mensaje intimidatorio a todo el movimiento y un hecho de censura".
Desde la Red de Comunicadoras La Rioja sostuvieron que lo sucedido es muy grave porque va contra la democracia que existe en el país. La medida no sólo violenta a la compañera comunicadora, sino que también es un amedrentamiento a todes quienes intentan hablar sobre estas violencias: "La justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias".
Por otro lado, desde esta misma Red advierten sobre el rápido accionar de la Justicia para ordenar un allanamiento en contra de una periodista, cuando en otros casos donde se denuncian violencias hacia las infancias los tiempos son tan largos y las respuestas no llegan nunca.
Como conclusión, exigen: "la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas". Además, piden que se devuelvan los elementos que fueron sustraídos de la casa de Manuela Calvo y el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas.
El caso de Arcoíris
Arcoiris tiene 6 años y vive en la ciudad de La Rioja. Cuando tenía 2 años contó por primera vez los abusos que sufría por parte de su abuelo paterno y desde ese entonces, su mamá presentó cuatro denuncias (junio de 2018, agosto de 2019, y marzo de 2022) sin obtener respuesta alguna. La niña sigue siendo obligada a mantener las visitas parentales donde queda a merced de su agresor pese a que existe una prohibición de acercamiento vigente. Estas revinculaciones forzadas y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) son las estrategias judiciales más comunes en Argentina que permiten a los violentos mantener su impunidad.
La semana pasada, la Justicia de la provincia quiso apresar a Delfina Zarranz, madre de Arcoíris porque ella no quiere entregar a su hija al contexto de abuso. Esto sin contar que la jueza Díaz Marano desestimó una de las últimas tres denuncias. Desde Justicia por Arcoíris sostienen que todas estas maniobras se realizan para encubrir los abusos del denunciado, quien ocupa el cargo de Director de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia. La fiscal Nadia Schargrodsky solicitó la detención de Delfina basándose en argumentos carentes de validez, “con el claro objetivo de apartar a la única garante de la integridad física y emocional de Arcoiris”, dijeron desde la agrupación.
