Ana Clara Moncada tiene 40 años y es trabajadora judicial. Militaba activamente en la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA), hasta que tuvo que irse debido al hostigamiento, abuso de poder y acoso sexual que un dirigente ejerció sobre ella. Pese a presentar una carta documento en el sindicato y elevar un informe del caso al Consejo de la Magistratura de CABA, no tuvo respuestas. En mayo tramitó la denuncia en el INADI contra AEJBA y su expediente hoy se encuentra en curso.
“No quiero un castigo, sino que se tome conciencia de la gravedad de estas situaciones. Debería haber un pedido de disculpas públicas y un repudio por parte de la organización para prevenir, además de la creación de un protocolo de actuación para casos de violencia de género dentro del sindicato”, aporta la entrevistada en una conversación con Feminacida.
La situación que atraviesa Ana Clara evidencia la interseccionalidad de las violencias de género que suceden también al interior de las organizaciones gremiales. Y si decidió canalizar las denuncias por instancias administrativas y no penales, fue para buscar una reparación integral.
Además de notificar a su sindicato, dio aviso a la Federación Judicial Argentina (FJA), organización donde confluyen distintos gremios provinciales. Allí tampoco obtuvo respuestas. “La Federación Judicial reclama que haya perspectiva de género, que no se revictimice, que los plazos sean céleres, que haya equipos multidisciplinarios y todas las consignas que el feminismo le exige al poder judicial, pero cuando tienen un caso sobre la mesa actúan de forma absolutamente contraria”, advierte la denunciante.
Hablemos de violencia política
En el plano sindical, Ana Clara Moncada tenía tres cargos: uno a nivel local, uno a nivel federal y otro en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Luego del acoso sexual dejó todos sus puestos. “Perdí mi vida política, mi espacio político. Me quedé afuera del sindicato y era una apasionada por ocuparlo. Estaba cumpliendo una buena función, tenía la legitimidad, la capacidad y las iniciativas para dedicarme a la lucha por los derechos laborales de mis compañeros y compañeras”, relata la trabajadora judicial.
Este caso no es aislado. De acuerdo al informe titulado De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la Violencia Política en Argentina, llevado a cabo por Proyecto Generar, 7 de cada 10 mujeres y disidencias vivieron violencia política. De ese dato se desprende que, en el 92 por ciento de los casos, la violencia había sido ejercida por un varón cis y, mayoritariamente, eran militantes o responsables del propio espacio político.
Casi la totalidad de las personas encuestadas atravesó situaciones de violencia mientras militaban, pero también hubo un 15 por ciento que lo vivenció cuando era candidata de un espacio político y un 20 por ciento como autoridad electa o en la función pública. Cabe destacar que 8 de cada 10 lo hablaron o compartieron con alguien, pero el 40 por ciento no realizó ninguna acción luego del hecho. “Tendría que haberlo denunciado pero no tenía fuerzas para pasar por todo ese proceso. Por eso me callé”, respondió una participante.
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Mila Montaldo es trabajadora social y especialista en Justicia de Género y Políticas Públicas de CLACSO. Actualmente trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y es miembra de la comisión de género de la Asociación Civil Justicia Legítima. En diálogo con este medio, cuenta que tomó conocimiento de la situación de Ana Clara Moncada a través de un grupo de Telegram que reúne a más de 500 judicialas de todo el país. “El silencio sistemático de su propia organización hasta el día de hoy no es más que un acto de revictimización en sí mismo”, indica en relación a las múltiples formas que tiene la violencia política de manifestarse.
Cuando la Sindical Feminista organizó un conversatorio sobre violencia de género y racismo en los sindicatos, moderado por Ana Clara Moncada en noviembre del año pasado, Mila Montaldo no dudó en participar y acompañarla. El objetivo fue abordar los atropellos y abusos que persisten en estos espacios de militancia. La jornada también fue presenciada por Nora Cortiñas, el psiquiatra Enrique Stola y la abogada ecofeminista Belén Silva.
Como trabajadora del sistema judicial y como acompañante de víctimas de violencia de género, Mila Montaldo se refiere a la violencia secundaria que “sí o sí” transitan las personas que denuncian: “Por más operaries capacitades que haya en materia de género en el sistema judicial, es algo inherente al proceso”. En este sentido, destaca que Ana Clara Moncada busque ser escuchada y visibilizada en su institución sindical, “en el ámbito donde ella en algún momento se sentía políticamente realizada”.
La especialista en Justicia de Género, quien además integra Trama Feministas Judiciales, insiste en que no sólo se trató del ejercicio de violencia sexual y política. “Hubo violencia institucional porque muchos miembros y miembras estaban en conocimiento de ese hecho y, sin embargo, la federación sigue desoyendo. Y por otro lado, hay un trámite iniciado, una denuncia puesta en la puerta de la institución que la misma no ingresó ni tramitó”, aclara.
¿Acaso el silencio no es también una demostración simbólica de la violencia? ¿No es el sindicato aquel espacio donde trabajadores y trabajadoras sienten representación y contención para acudir frente a la vulneración de sus derechos?
“Pareciera que el accionar de la institución judicial ha permeado a la institución sindical. Entonces, ¿qué de todo eso no termina siendo un boomerang para que muchísimas mujeres y diversidades sexuales no puedan encontrar empatía en estas organizaciones sindicales?”, repara la trabajadora social y cuestiona: “¿Hasta qué punto las instituciones sindicales judiciales no dejan de ser un espejo de las instituciones a las cuales se supone que debiera confrontar en materia de defensa de los derechos de les trabajadores?”
El ostracismo de las organizaciones sindicales desnuda el intento de disciplinamiento para quienes intenten acercarse a denunciar. “¿Qué espacio estamos construyendo con el silencio, la indiferencia y la complicidad cuando damos un mensaje totalmente paradójico en materia de género? Por un lado, nos capacitamos en Ley Micaela, pero mientras tanto nuestro accionar sigue siendo atravesado por la masculinidad hegemónica”, reflexiona Montaldo.
El racismo es estructural
Recientemente, Ana Clara Moncada empezó a militar en Identidad Marrón, un grupo de personas marrones unidas para debatir y buscar respuestas al racismo estructural en Latinoamérica. “Dejar fuera de un espacio político a una mujer racializada tiene consecuencias en la representación que podemos tener quienes somos descendientes de los pueblos originarios y hemos sido históricamente apartades de los puestos políticos”, suma Ana Clara Moncada.
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Además, la sindicalista habla sobre lo hostil que se vuelve la instancia legal para las personas racializadas por el perfilamiento racial. Al respecto, Belén Silva, abogada e integrante del mismo colectivo que Ana Clara, explica: “El racismo en el ámbito judicial es muy peligroso. En primer lugar, porque de la mesa de entrada hacia afuera va a generar que cualquier persona racializada que vaya a consultar un expediente no tenga el trato que debería merecer. Y de la mesa de entrada hacia adentro puede condicionar las decisiones. Eso lo vemos muy claro en las sobrerrepresentación que hay en las cárceles de las personas racializadas, personas marrones, personas afro, personas que están ahí, muchas veces, por perfilamiento racial”.
Entonces, cuando la denuncia penal no es la elección, ¿qué otros mecanismos existen para abordajes más integrales y menos punitivos? Para la letrada, el proceso penal tiene un alto costo a nivel emocional y no todas las personas están dispuestas a llevarlo adelante. “Es necesario pensar en mecanismos que procuren la reparación de los derechos, en cómo prevenir esas situaciones de violencia”, expresa Silva.
El acompañamiento integral a nivel salud mental, en palabras de la abogada transfeminista, “cobra una importancia medular”. “Las situaciones de violencia hacen que haya un menoscabo en el autoestima, una pérdida de valoración sobre las habilidades propias. Por eso, es necesario un acompañamiento en torno a la salud mental de la víctima, pero también en relación al entorno: ¿Cómo estaba configurado el entorno de esa persona antes de que se desarrolle la situación? Es necesaria la sensibilización, el acceso a la información, pero también la existencia de espacios seguros donde las personas puedan realizar las denuncias en los ámbitos laborales para que estas situaciones dejen de repetirse”, concluye.
La forma en la que Ana Clara Moncada eligió hacer público su caso tiene que ver con una mirada alejada del punitivismo. “Es un problema colectivo y necesitamos una solución más profunda basada en el respeto de los derechos humanos, y sobre todo, en una organización sindical que tiene como objetivo defenderlos”, dice la entrevistada y Mila Montaldo sintetiza: “La primera reparación empieza con el derecho a ser oída”.
