El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó su informe Monitoreo sobre las condiciones de vida de la población trans, travesti y no binaria durante la pandemia del covid-19 y el ASPO. La investigación se pregunta cómo impactó este nuevo escenario social, político y sanitario en las estrategias de los activismos LGBTIQ+, sus redes y organizaciones socio-comunitarias para el acceso y goce de derechos.
Los datos publicados surgen de una serie de entrevistas realizadas durante el 2020 a cuarenta personas trans, travestis y no binarias de 19 provincias, activistas y referentes en sus comunidades, que previamente habían respondido una encuesta. Además, se analizó un archivo de notas periodísticas y otras publicaciones que hablaban sobre las vivencias de la comunidad durante la pandemia. El monitoreo y la investigación estuvieron a cargo de tres investigadores trans: Thiago Galván (Córdoba), Sebastián Zocayki (Misiones) y Quimey Ramos (CABA). "Este trabajo refleja los intereses emergentes de las entrevistas, aunque sabemos que no son los únicos", explicaron en la introducción.
El acceso a las políticas sociales
Les investigadores encontraron que hubo un aumento de la importancia de los programas sociales en los ingresos de las personas travestis, trans y no binarias. Durante el 2020, 5 mil personas de este colectivo entraron al programa Potenciar Trabajo, contra mil de la gestión anterior. "Una de las razones principales de estos cambios es el convenio entre el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social que buscó a comienzos del ASPO promover el ingreso para personas en situación de violencia de género al Programa Potenciar Trabajo", sostuvieron en el informe.
Sin embargo, muchas personas no pudieron acceder por falta de DNI, por su edad, por la falta de rectificación registral, por ser migrante o por no obtener respuesta ante una negativa. "El momento que vive la comunidad trans y migrante en Argentina es muy preocupante debido a que se ha visto muy agudizada su situación durante la pandemia, en principio por no haber podido acceder ni a programas sociales, y luego por las dificultades registrales. No se puede acceder a un programa social por no poder obtener DNI”, sostuvo Claudia Vásquez Haro, fundadora de Otrans, en diálogo con les investigadores.
Por otro lado, los programas sociales brindan la mitad de un salario mínimo suponen que este se completará con otros trabajos. Durante la pandemia, la mayor parte de la población travesti-trans continuó dependiendo del trabajo sexual o la prostitución, lo cual implicó una gran exposición a los contagios y a las violencias en la calle. Además, la actividad se vio imposibilitada durante los primeros meses del aislamiento y esto hizo que las personas del colectivo debieran endeudarse con sus vínculos cercanos.
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En cuanto a la violencia de género, se reconoce que muchas personas de la diversidad viven violencia pero que no siempre es en el ámbito doméstico (como es el caso de las mujeres cis), sino también en la vía pública. El 78 por ciento de les encuestades informaron situaciones de violencia psicológica, el 61 por ciento de violencia física, el 56 por ciento de violencia simbólica, el 46,34 por ciento de violencia económica y patrimonial, el 22 por ciento de violencia sexual. Solo 2 personas declararon no estar al tanto de ningún episodio.
El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia de género. Sin embargo, para muches es complejo acceder debido a incompatibilidades con otros planes sociales.
El 86 por ciento de les entrevistades respondió que en su región no hay refugios activos que se encuentren preparados para recibir a personas trans, travestis y no binaries, tanto para quienes están sufriendo violencias como para quienes están en situación de calle. Solo les activistas que residen en el AMBA conocían refugios para personas en situación de calle, utilizados frecuentemente como recurso ante situaciones de violencia, a los que concurren personas trans y travestis. Sin embargo, allí no hay personal preparado para realizar un abordaje integral.
El derecho a la identidad
A partir de las entrevistas y las encuestas, se registraron situaciones en las que el derecho a la identidad de género fue vulnerado durante la pandemia. En general, no se respetó la Ley 26.743 de Identidad de Género y esto a su vez hace que no se pueda acceder a otros derechos.
Si bien la ley sostiene que la identidad de género debe ser respetada aún cuando no se adecúe a la que figura en el DNI, esto no sucede en todos lados. Marce Butierrez, una de las personas entrevistadas, habló sobre la población trans de los valles calchaquíes en Salta: “En general no suelen tener el cambio registral de DNI y no suelen sentirlo como una
necesidad por las lógicas de esos pueblos. Pero lo empezaron a vivenciar como un problema durante la pandemia por la dificultad de acceso a los planes sociales, trámites y administrativo. Entonces ahora hay una preocupación para de alguna manera regularizar la situación”.
La posibilidad de realizar una rectificación registral durante el primer año de la pandemia fue un derecho que no pudo ser garantizado en su totalidad en la gran mayoría de los territorios. Esto se dio por en parte por la brecha tecnológica y digital, los horarios reducidos de atención, entre otras razones.
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Quienes viven mayores violencias vinculadas a esta arista son las personas travestis-trans y no binarias migrantes, racializadas o provenientes de pueblos indígenas. El problema es que los trámites para conseguir documentos argentinos son muy extensos y en el mientras tanto el Estado no reconoce la identidad autopercibida, sino aquella que se trae del país de origen. Sucede que muchas veces quienes migran están huyendo de allí porque no toleran a la diversidad sexual.
El 3 de noviembre de 2020 la disposición conjunta entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Dirección Nacional de Migraciones estableció que las personas migrantes que quieran iniciar un cambio registral en la Argentina deberán “explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta posible la rectificación de sexo en su país de origen” y simplificó el trámite al quitar el requisito de la carta consular. Sin embargo, según el informe la disposición no se respeta en todo el territorio nacional.
Salud y alimento
La asistencia alimentaria fue la principal tareas de las redes de durante el aislamiento obligatorio, según les activistas entrevistades. Para conseguir bolsones de alimentos para repartir entre la población travesti, trans y no binaria debieron coordinar con una dependencia estatal. Se menciona sobre todo al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ambos de Nación. En algunos casos hubo otros niveles de gobierno involucrados.
"La acción de las organizaciones resultó clave para que la asistencia alimentaria provista por el Estado llegara a sus destinataries: localizarles, elaborar padrones, supervisar la distribución y, muy especialmente, las organizaciones pusieron foco en la planificación alimentaria", dicen desde el CELS. Es decir, si bien el Estado puso los recursos fueron les activistas quienes realizaron la gestión para que la comida llegue a quienes la estaban necesitando. De esta manera, no solo hubo un apoyo desde lo material a las personas travestis y trans, sino que también se las acompañó afectivamente en un momento que profundizaba desigualdades preexistentes.
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En relación al acceso a la salud, el casi el 20 por ciento de les entrevistades dijo conocer casos en los que se negó la atención por tratamientos de reemplazo hormonal y el 25 por ciento dijo que se les negó atención clínica general. Estas cifras muestran la vulneración de un derecho central en medio de una crisis sanitaria global. Muchas personas travestis, trans y no binarias deciden no asistir a hospitales o salitas porque saben que serán violentades.
Dentro de este panorama, 7 de cada 10 personas encuestadas pudieron seguir con su tratamiento hormonal. Pero solo tuvieron atención médica adecuada las personas trans y travestis que contaban con la posibilidad de realizarse los controles médicos y estudios a través de su obra social o prepaga. Es decir, este es un porcentaje considerablemente pequeño en relación a la totalidad de la población que realiza este tipo de tratamientos. Durante el ASPO, la mayoría de quienes quisieron comenzar un tratamiento hormonal no pudieron realizarlo.
Foto de portada: Victoria Eger
