Bajo las consignas “Que se vayan todos”, “Nueva Constitución” y “Cierre del Congreso”, diversas regiones del Perú exigen el adelanto de las elecciones generales. Hasta el momento, el abuso policial no da tregua: las fuerzas de seguridad asesinaron a tres manifestantes en Apurímac.
Foto de portada: Wilson Chilo
En horas de la mañana del 7 de diciembre y con las manos temblorosas, el expresidente Pedro Castillo intentó establecer un Golpe de Estado sin respaldo de la policía ni de las Fuerzas Armadas. En simultáneo, al menos cuatro ministros anunciaron su renuncia inmediata. Estos hechos consumaron la vacancia por incapacidad moral permanente, la misma que iba a ser debatida a partir de las 12 horas y, según se voceaba, no contaba con votos suficientes para destituirlo.
Castillo entregó su cabeza al poder obstruccionista que negó su legitimidad frente al supuesto fraude electoral en una campaña llena de discriminación, racismo y odio, no solo hacia él, sino hacia quienes votaron por el cambio, la reivindicación y representatividad en el año del bicentenario. Sin embargo, el expresidente tiene imputaciones por presuntos actos de corrupción en su contra que deberán ser investigados.
¿Vacancia preparada?
La vacancia, aquella situación que priva al presidente de seguir ejerciendo el cargo, culminó con Dina Boluarte en el sillón presidencial, vicepresidenta de Castillo y, ahora, la primera presidenta en la historia del Perú. Para la analista y comunicadora política, Laura Arroyo, esta sería una “presidencia hipotecada”, puesto que un día antes de la vacancia, la subcomisión de acusaciones del Congreso archivó una denuncia constitucional por gestionar intereses privados que inhabilitarían a Boluarte por 10 años.
“Tres palabras claves en el mensaje de Boluarte: unidad, amplio (sobre su gabinete ministerial) y tregua. La pregunta es, ¿tregua con quién? ¿Con el congreso golpista? ¿Con los poderes? ¿Con las élites? La tregua debería ser con el país que votó transformación y cambio. Me temo que esa tregua no es la que se plantea la nueva presidenta”, enfatiza Arroyo.
La conformación del gabinete de Boluarte tardó tres días en formularse: una cartera paritaria y sin legitimidad que trajo en sus filas a personajes seriamente cuestionados como el Premier Pedro Angulo, quien cuenta con denuncias por acoso, 13 investigaciones fiscales y vínculos con “Los Cuellos Blancos”, una organización criminal que involucra a funcionarios y servidores del Poder Judicial y Ministerio Público en actos de corrupción.
Crédito: de Juan Zapata para Wayka 
Crédito: Malú Ramahí
Las regiones se levantan y paralizan el país
Tras la detención de Pedro Castillo, el pueblo convulsionado por la exclusión histórica inició sus movilizaciones en regiones como Lima, Ica, Apurímac, Huancayo, Cusco y Arequipa. Con ello, brutales agresiones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) asesinaron a tres manifestantes en Apurímac, quienes se declararon en insurgencia popular. Además de policías infiltrados de civiles, detenciones arbitrarias y decenas de heridos que fueron disparados a quemarropa con canicas de metal, según denuncia el medio digital Wayka.
Por sexto día consecutivo, manifestantes exigen el cierre del Congreso, la caída del gobierno de Dina Boluarte, la liberación y restitución de Pedro Castillo. Las movilizaciones lideradas por movimientos indígenas y campesinos anunciaron paro indefinido desde el 12 de diciembre y movilización permanente.
#URGENTE | Así inicia el paro indefinido en Sicuani (Cusco) en muestra de apoyo a las manifestaciones a nivel nacional y por los jóvenes fallecidos en Andahuaylas.
📸 Diario Expresión#AdelantoDeEleccionesYa #AsambleaConstituyente #CierreDelCongresoYa pic.twitter.com/SCOeExB41X— 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) December 12, 2022
Hasta el cierre de esta nota, se han bloqueado 36 vías de transporte terrestre en el Perú y más de 2 mil personas quemaron la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa. Cabe resaltar que el primer aeropuerto tomado en Huancabamba, Apurímac, tuvo que ser cerrado según informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y aviación Comercial (CORPAC)
Crédito: Juan Zapata 
Crédito: Aldair Mejía para EFE
Más fuego a la hoguera
Ante los asesinatos y atentados en la movilización, el Premier Angulo señaló durante una entrevista que detrás de las protestas “parecería que se ha empleado dinero del Estado para pagar a azuzadores”. Por su parte, Dina Boluarte se pronunció por Twitter mencionando que “la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos” y pidió la “invocación al diálogo y a deponer la violencia”.
Sin embargo, cerca de la media noche, lanzó un mensaje presidencial en el que, lejos de escuchar las demandas de la movilización ciudadana, enardecería el fuego de las protestas. Declarar en Estado de Emergencia las principales zonas de conflicto como Andahuaylas, Arequipa, Ica y Apurimac, medida que solo legitima la criminalización y refuerza el uso desmedido de la fuerza policial. También el adelanto de elecciones generales en abril del 2024, para ello presentará un proyecto de ley con reformas constitucionales y se mantendría al mismo Congreso, el cual cuenta con un 86 por ciento de desaprobación y no aguanta ni un minuto más en los escaños.
Los medios también son cómplices del caos
Desde el inicio de la revuelta social, los grandes medios de comunicación se han encargado de reafirmar discursos racistas, criminalizando y minimizando el descontento que proviene de diversas regiones del Perú. Ante ello, la prensa independiente, local y extranjera se ha encargado de reportar los sucesos, principalmente por redes sociales.
Hasta el domingo 11 de diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró 21 ataques a periodistas en Lima, Apurímac, Huaura, Arequipa y Puno. La cobertura en tiempo real se ha visto afectada por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales hasta la agresión, insulto e intento de despojo de equipos de trabajo a periodistas por parte de los manifestantes.