Gran parte de los países de América Latina cuentan con legislaciones restrictivas en torno al aborto. En el Día de la Acción Global por el aborto legal, nos preguntamos qué sucede con la criminalización del aborto en la región. En Argentina, a pesar de la Ley sancionada hace menos de un año que garantiza el derecho al aborto, las prácticas estigmatizantes continúan. Y el reclamo por la libertad de las presas, también.
Eliana está presa en San Juan, en este mismo momento, condenada a prisión perpetua por haber tenido un parto en el patio de su casa como consecuencia de un embarazo forzado producto de una violación. Patricia murió en 2019 esposada a una cama de hospital por una complicación en la vesícula que no fue tratada en la cárcel. Pasó sus últimos días presa con una condena de “homicidio agravado por el vínculo” por haber abortado.
Como ellas, hay cientos de mujeres a lo largo y ancho del país criminalizadas y perseguidas por la justicia penal por no responder a los mandatos de la maternidad como destino que permanecen enquistados en las oficinas del Poder Judicial y otros estamentos del Estado.
Ahora que es Ley
“La aprobación de la Ley IVE no produjo un efecto inmediato de que dejen de criminalizar estos hechos: estas prácticas no se clausuraron”, alerta en diálogo con Feminacida Natalia Saralegui, abogada y co-autora del libro “Dicen que tuve un bebé”, el cual recopila las historias de Eliana, Patricia y otras cinco mujeres más. La especialista agrega que, en lo que va del año, ya tomó conocimiento de una joven declarada culpable por un evento obstétrico “en una sentencia donde se habla de manera indistinta de aborto y homicidio, como si fueran sinónimos”.
Una de las deudas del Estado tras la sanción y promulgación de Ley 27.610 que garantiza el derecho al aborto en Argentina es la liberación de las presas y el sobreseimiento de todas las causas abiertas por abortos u otros eventos obstétricos.
Sin embargo, este tipo de causas tienen la particularidad de estar caratuladas con denominaciones cargadas de prejuicios que no existen en el Código Penal, tales como homicidio “cometido contra bebé varón”, “abandono de persona seguida de muerte agravado por ser cometido por un padre contra su hijo” y “aborto seguido de homicidio”. O bien, acusaciones más graves como “homicidio agravado por el vínculo”, un delito cuya pena máxima es la prisión perpetua.
Ante esta situación, Natalia Saralegui explica que “al haber utilizado tipos penales distintos, en las causas que ya están abiertas no opera la extinción de ese delito, sino que hay que pensar estrategias judiciales que permitan la revisión de esas condenas e, incluso, la reparación a esas mujeres que hoy siguen en prisión injustamente”.
“No hay una herramienta jurídica para liberar a las presas porque la mayoría no tiene una caratulación de aborto”, añade Agustina Vidales Agüero, integrante de la comisión “Libres las queremos” de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Entre 2012 y 2020 fueron registradas 825 causas abiertas por aborto y 37 por eventos obstétricos en once provincias argentinas y la Justicia Nacional que lleva las causas de Ciudad de Buenos Aires, según detalla el informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina”. El documento fue elaborado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las abogadas María Lina Carrera, Natalia Saralegui y Gloria Orrego-Hoyos.
El monitoreo en medios de comunicación gráficos y digitales realizado en este estudio arroja 26 casos de criminalización de abortos y 47 casos de criminalización de otros eventos obstétricos durante ese período. La gran mayoría corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Entre los principales obstáculos que afrontan las mujeres criminalizadas para lograr su libertad, Ferrante indica la falta de acceso a la justicia, donde las lógicas que rigen están ligadas a la condena y no a la garantía de derechos; con los estereotipos de “mala madre” o “mujer mentirosa” a la que no se le cree a lo largo del proceso; y a la romantización de la maternidad, que no permite comprender experiencias de personas que desconocían que estaban embarazadas al momento de atravesar un evento obstétrico.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto han mantenido reuniones con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para exigir la libertad de las mujeres privadas de su libertad. “Como movimiento feminista decimos que no estamos todas, que faltan las presas. Hay algunas que lograron ser liberadas pero hay muchas más”, expresa Vidales Agüero.
América Latina, un grito por el aborto seguro
En Latinoamérica la legislación con respecto al aborto está en su mayoría restringida por causales, salvo en Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y Guyana Francesa y Puerto Rico donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal. De los cinco países donde está totalmente prohibido, tres se ubican en Centroamérica: Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Honduras es el segundo de América Latina con la tasa más alta de embarazo adolescente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2016 se reportaron 900 partos de niñas entre 10 y 14 años y 24.000 partos de adolescentes de entre 15 y 19 años, la gran mayoría resultado de violencia sexual y falta de acceso a métodos anticonceptivos.
En ese país el aborto está totalmente penalizado desde 1982 cuando, en el retorno democrático, se estableció el Código Penal. “Antes de eso no estaba creado el tipo penal contra el aborto que tenemos ahora. En ese entonces la causal salud y vida era manejada por el personal de salud y había margen”, historiza Neesa, activista de la agrupación feminista hondureña Somos Muchas. En la actualidad también está prohibida la promoción, uso y venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia.
“En términos de criminalización, el 40 por ciento de las mujeres criminalizadas por abortar son denunciadas por el personal de salud, la mitad de ellas realizan trabajos domésticos como actividad principal, remunerada o no, y todas son mujeres de escasos recursos económicos, la mayoría menores de 30 años”, describe Neesa. El estudio “La criminalización de mujeres por el delito de aborto en Honduras” identificó 47 víctimas de criminalización que tienen de 17 hasta 77 años.
Sara Rogel vive en El Salvador y fue liberada hace tres meses tras pasar ocho años en la cárcel acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de perder su embarazo en un accidente doméstico. “Yo sé que no soy un peligro para la sociedad y mis compañeras que se quedaron en la cárcel tampoco. Exijo justicia para ellas”, reclamó en una conferencia de prensa al poco tiempo de ser liberada.
En El Salvador el aborto está prohibido aún cuando corre peligro la vida o la salud de las mujeres u otras personas gestantes y cualquiera que asista a un hospital con señales de haber tenido un aborto o una complicación obstétrica es directamente criminalizada. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en la actualidad hay 14 mujeres condenadas y encarceladas por emergencias obstétricas.
En 2006, Nicaragua suprimió el aborto terapéutico, la única posibilidad que desde 1837 y hasta ese momento, las personas tenían para acceder a la interrupción de un embarazo. Aunque este país carece de cifras oficiales sobre las consecuencias de la ilegalidad del aborto, un informe rescatado por la organización Human Rights Watch señala que, entre 2003 y 2013, cerca de 290 personas fueron denunciadas o detenidas por haber abortado. Las penas van desde los dos a los seis años de cárcel.
Que los abortos sean libres
La legalización del aborto por causales lejos está de terminar con la criminalización y el estigma que sigue pesando sobre las mujeres y personas gestantes que desean decidir sobre sus cuerpos y vidas.
En Colombia, pese a que el aborto es legal desde 2008 por las causales de malformación del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual, en los últimos 15 años aumentó “significativamente” la persecución por abortos en ese país, según advierte el informe “La criminalización del aborto en Colombia”, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes.
“Mientras en 2006 se condenaron 12 personas, en 2007 se condenaron 25 y en los siguientes 13 años el promedio de condenas ha sido de 26. La denuncia por aborto tampoco ha disminuido, manteniéndose constante en 400 denuncias por año”, señala el estudio.
En Ecuador, el aborto está permitido si hay riesgo en la vida o salud de la persona gestante o en casos de violación. Según datos de la Fiscalía General del Estado consultados por Human Rights Watch, entre agosto de 2014 y junio de 2019 esta institución presentó cargos por aborto consentido en 286 casos, de los cuales 122 eran contra mujeres que supuestamente habían tenido un aborto. “Las mujeres y niñas que viven en la pobreza tienen muchas más posibilidades de verse afectadas”, alerta el estudio.
Estas cifras demuestran que las leyes son apenas un piso desde el cual los feminismos de América Latina seguirán en la lucha por abortos libres y seguros.
