La inversión en Niñez en el presupuesto 2023 estableció una reducción de casi el 10 por ciento en comparación con 2022. El proyecto de Ley de "Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2023" acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y se establecen en él una serie de reducciones que impactan directamente en el desarrollo de niñeces y adolescencias. Se espera la votación en el Senado en los próximos días.
Los números que se manejan en el presupuesto y los datos que arrojan los informes se traducen en las significancias de los conceptos de pobreza e indigencia: carencias materiales de las más básicas.
La aplicación del presupuesto tal y como fue aprobado implicaría una reducción de entre un 6 y un 14 por ciento para el total de Asignaciones Familiares (AAFF), entre 9 y un 16 por ciento para las AAFF contributivas, y entre 3 y un 10 por ciento para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo del programa Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. Asimismo se establece un recorte del 35 por ciento de capital destinado a la construcción de jardines de infantes y del 22 por ciento para equipamiento e infraestructura escolar.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional en Argentina, se establece que el Estado tiene la obligación de utilizar “hasta el máximo de los recursos de los que se dispongan” para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Consultada por Feminacida, Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), explica que el presupuesto de uno de los programas de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, en términos reales, se reduce un 7 por ciento. Siempre partiendo de una previsión de inflación como la de 2022, que fue del 95 por ciento.
El Plan Nacional de Primera Infancia propone estrategias de desarrollo integral en esta primera etapa de la vida para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas (desde su nacimiento hasta los cuatros años inclusive) en situación de vulnerabilidad social. Busca favorecer la promoción y protección de sus derechos e involucra a varios ministerios como los de Educación, Salud y Desarrollo Social, y es uno de los que ve afectada su partida presupuestaria dificultando sus posibilidades de brindar asistencia a niños y niñas. “Los fondos destinados a las niñeces deben ser intangibles, lo establece la Constitución. Año a año, además, deberían ser superiores. Tocarlos es ilegal”, manifiesta Zanino.
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El análisis de los números
En agosto de 2022, la Encuesta Rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia de UNICEF dio cuenta de que más de un millón de niñas, niños y adolescentes en Argentina dejó de comer alguna comida -desayuno, almuerzo, merienda o cena- por falta de dinero, una situación que también afecta a 3 millones de adultos. La insuficiencia en los ingresos también generó una reducción del 67 por ciento en el consumo de carne y del 40 por ciento en la ingesta de frutas, verduras y lácteos.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el primer semestre del año, la pobreza infantil ascendió al 50,9 por ciento y afectó a 5,5 millones de niños y niñas menores de 14 años. Según los datos tomados de 31 aglomerados urbanos de todo el país con una población total de 29,2 millones de personas, 47,3 millones habitantes son pobres y de ellos 5, 54 millones son niños y niñas menores de 14 años: 1,38 millones son indigentes.
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El orden de las prioridades altera el resultado
El proyecto de ley del Presupuesto nacional para el próximo ejercicio fue consolidado por el Poder Ejecutivo y remitido al Congreso Nacional el 15 de septiembre de 2022, en cumplimiento con la pauta establecida por la Ley de Administración Financiera y acaba de ser aprobado el día de hoy en la Cámara Baja con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
Las políticas destinadas a infancias y adolescencias responden a varios programas que dependen de distintos ministerios e instituciones. A la hora de contemplar el ajuste en este sector de la población, es necesario analizar el presupuesto asignado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), órgano rector de las políticas de niñez y adolescencia, como así también en relación transversal con otras políticas y acciones que impactan directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes como la AUH y la Tarjeta Alimentar que también verán reducida su financiación.
Argentina se ha comprometido, en tanto signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), “a destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para hacer efectivos los derechos de la niñez”. Esto está establecido en el artículo 4 de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto quiere decir que los Estados que adhieren a la Convención “deben diseñar y aplicar políticas fiscales, tributarias, de endeudamiento, comerciales, de asistencia, y monetarias, junto con otras medidas, de manera deliberadamente que se dirijan a la realización de los derechos humanos”.
En esta línea, el presupuesto constituye una herramienta central para aportar desde la política fiscal elementos que fortalezcan la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos públicos con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Analizar el presupuesto de los estados permite ver el grado de compromiso real que los gobiernos tienen dependiendo de a dónde se destinan los recursos. También determina que se alcancen o no los objetivos que garanticen eficientemente derechos.
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¿Educar no es redituable?
Educación es una de las áreas con mayor reducción de fondos para el próximo año. Días atrás desde el Ministerio de Educación afirmaron que el titular, Jaime Perczyk, estaba trabajando para modificar algunos de los puntos de ajuste del presupuesto junto con el ministro de economía Sergio Massa, pero no se han detallado cambios en el proyecto que hoy tiene media sanción.
En términos de presupuesto destinado a la niñez, Educación representa alrededor del 50 por ciento. Al área de Salud, alrededor de un 25 por ciento, y entre un 11 y un 15 por ciento a la protección de ingresos: Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, entre otras. Entre el 12 y el 13 por ciento de la inversión restante se realiza en otras áreas vinculadas a la protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, al mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y la vivienda, y a la nutrición y alimentación.
La mayor reducción alcanza al presupuesto asignado al programa Progresar, que está a cargo de la Anses y se encarga de hacer llegar más de 1,5 millones de becas para estimular, sobre todo, a que les adolescentes de 16 y 17 años completen el secundario. El proyecto considera un recorte del 23,6 por ciento interanual en términos reales, mientras que para las universidades nacionales será del 12,2 por ciento de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Según el Análisis de Presupuesto realizado por UNICEF Argentina, a nivel agregado el presupuesto transversal para la niñez previsto para 2023 representa una reducción interanual de alrededor de 0,2 puntos porcentuales (PP) del PBI que equivalen a una caída del 10 por ciento. Esa caída esperada representa una contracción de alrededor de 15 por ciento interanual si se contempla el escenario de inflación más pesimista para 2023, aproximadamente 8 por ciento de caída con la hipótesis intermedia.
Es decir que, al no haberse registrado modificaciones en el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, existen grandes posibilidades de incumplir lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia asignados por el presupuesto nacional y que prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.
Foto de portada: Victoria Eger
