El 30 de diciembre del 2020 las calles de todo el país se tiñeron de verde con la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el derecho al aborto. A seis meses de esa fiesta feminista, lograda tras años de larga lucha, la implementación del texto jurídico en el cotidiano sigue siendo un camino a construir, transitar y habitar. En esta nota recorremos los avances, obstáculos y desafíos que la Ley presenta a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por Camila Vautier y Dolores Menéndez / Foto de portada: Carina Lourdes Staiti Elizondo
Seis meses pasaron de aquella madrugada histórica en que el Senado de la Nación aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que garantiza el derecho al aborto voluntario hasta la semana 14, inclusive; y luego de ese plazo, al acceso por causales. Seis meses después de que esta lucha feminista se convirtiera en ley surge la pregunta: ¿cómo se implementa hoy a lo largo y ancho de nuestro país?
Activistas de Socorristas en Red, trabajadorxs de la salud y autoridades del Ministerio de Salud de la Nación entran en diálogo con Feminacida para compartir sus miradas sobre los avances, obstáculos y desafíos de esta ley tan colectivamente luchada, que da sus primeros pasos en medio de la pandemia de Covid-19.
Los primeros pasos
Argentina es un país ejemplo en América Latina de leyes garantistas de derechos, pero lejos de ser punto de llegada, la legislación se convierte en un escalón más para ensanchar posibilidades. “Las leyes colaboran en instalar otras posibilidades pero, por sí mismas, no cambian de un día para el otro las prácticas, la cultura o la estigmatización”, dice Ruth Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén, al analizar estos primeros meses de la ley.
Para Ruth, el avance más significativo está en lo social, en el “reconocimiento simbólico que trae, el reconocimiento del derecho”, aunque queda un largo camino por recorrer para que este texto tan luchado se vuelva “práctica cotidiana” en el sistema de salud. “Cambiar esa cultura médica nos va a llevar muchísimo tiempo y, aunque estamos haciendo un trabajo enorme, aunque hay profesionales que hacen un trabajo cotidiano y consistente, la hegemonía todavía habla del aborto siempre como un riesgo”, asegura.
El Ministerio de Salud de la Nación presentó el 28 de mayo, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), una guía para que los equipos de salud cumplan con la ley y garanticen la atención post aborto. “Da herramientas y genera certidumbre para los equipos de profesionales, tanto del sistema público como del sistema privado y obras sociales”, señaló la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, en diálogo con Feminacida.
Otra de las estrategias del Ministerio de Salud para hacer cumplir la ley es el 0800-222-3444, de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Las personas que desean abortar pueden comunicarse con esta línea nacional, gratuita y confidencial tanto para pedir información y acceder a su derecho, como para denunciar obstáculos o malos tratos dentro del sistema de salud.
En el primer cuatrimestre del 2021, la línea recibió 12010 llamados, de los cuales 7542 activaron la secuencia de intervención del equipo de salud y el 95 por ciento de ellas fueron consultas por IVE/ILE, según detalla el informe “Acceso a Métodos Anticonceptivos y a la Interrupción Voluntaria y Legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación.
La curva de consultas por abortos fue creciendo en los últimos años. En base a los datos del informe, en 2017 se registraron 280 secuencias de intervención; en 2018, se dio el primer salto a 1952; que aumentó en 2019 a 3722; y en 2020, plena pandemia del Covid-19, alcanzó los 10817.
También crecieron los equipos de efectores de salud que realizan abortos y consejería. De 900 que había en diciembre pasaron a 1100 en estos primeros meses de la ley, informó Isla, quien agregó: “Sin duda es un punto de inicio y tenemos que seguir avanzando”.
El aborto en las provincias
A lo largo del país hay una marcada desigualdad en el acceso al derecho al aborto, que se produce no solo entre provincias, sino también, dentro y entre las ciudades y localidades. Mientras en algunos territorios la ley permitió agilizar los mecanismos institucionales para el acceso al aborto, en otros aún persisten las dificultades.
En Fiske Menuco, provincia de Río Negro, el avance legal posibilitó armar una red de Centros de Salud garantistas para sortear las trabas de lxs objetorxs de conciencia. “Hace dos meses en el hospital de referencia del Alto Valle se hizo una reunión con equipos de salud de diferentes hospitales para acordar cuáles iban a ser las funciones, no tanto de la gente que es garante (porque ellxs ya venían trabajando en el acceso a las ILE), sino de lxs que se declaran objetorxs de conciencia”, relata Carla, socorrista de Fiske Menuco.
Más al sur de esa provincia, en El Bolsón, la ley también generó movimientos. Mercedes Pepa, socorrista y médica del Hospital de Área local, cuenta que, ante el caso de una ILE de más semanas, el sistema de salud tuvo que movilizarse y gestionar el traslado a otra provincia para garantizarlo. “Sin la ley esto no hubiese pasado, no hubieran dado lugar a esta demanda. Ahora ya no se discute si corresponde o no”, asegura.
Amanda, socorrista de la colectiva Acuerpando del Valle de Calamuchita, Córdoba, cuenta que en esa provincia el panorama “es variado según las distintas localidades”, aunque aclara que, en términos generales, “falta un motón” para que en la región una persona pueda ir “tranquila” a cualquier institución, pública o privada, a solicitar una IVE. “A veces reciben respuestas como ‘acá no hacemos eso y no sabemos a dónde podés ir’”, cuenta y agrega que “hay personas que desean realizar un aborto de mas de 14 semanas y no logran acceder”.
Noelia Poggi, médica en el espacio de una Unidad de Pronta Atención en La Plata, comenta que allí la implementación de la ley, si bien implicó un avance —ya que ahora las IVE no requieren ser enmarcadas dentro causales— previo a la sanción, ya contaban en los hospitales y en algunos Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), tanto con consejerías en el marco de la ILE, como con el recurso del Misoprostol.
Desde la agrupación Socorro Rosa del partido bonaerense de La Costa, que comprende 11 localidades, dan a conocer que si bien la implementación de la ley se lleva adelante en el territorio, la misma se realiza con escasa orientación en cuidados y perspectiva de género. Por esa razón, desde la organización están realizando denuncias al respecto.
En la Quebrada de Humahuaca, que incluye a los departamentos Tumbaya, Tilcara y Humahuaca de la provincia de Jujuy, Socorristas en Red articula con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir para garantizar el aborto en el sistema de salud. Así lo cuenta Jor Molina, socorrista jujeña, al tiempo que alerta por la situación de la Puna, donde las personas “no tienen ningún acceso a la IVE”.
“Desde el fallo FAL en la Quebrada viene funcionando bastante bien, articulamos con lxs compañerxs de la Red y se garantiza”, pero en la región de la Puna “tanto antes, como ahora, no tenemos la mejor respuesta: en todo lo que es el norte de la provincia la situación es bastante desoladora”, lamenta Jor. Los obstáculos que debe pasar una persona que desea abortar son diversos y van desde la falta de médicxs que garanticen la práctica, pasando por violencias dentro del sistema de salud hasta el miedo a vivir o revivir esos momentos atemorizantes —grabadas en la memoria de quienes ya las han atravesado.
En la provincia de San Luis la aplicación se da de manera dispar. “Si bien desde el 2018 se implementa la ILE, por lo que algunxs profesionales garantizan, lo cierto es que no sucede tan aceitadamente —explica Noe, socorrista puntana—.Faltan profesionales en las ciudades más grandes y directamente no hay garantistas en las localidades pequeñas o parajes”. Entonces, para acceder a su derecho, las personas deben viajar hasta el lugar donde haya médicxs que realicen la práctica. “Si tuvieron la suerte de llegar al Programa de Salud Sexual y Reproductiva que está en un hospital pueden acceder a la IVE de manera gratuita, si justo hubo medicación. De lo contrario, reciben la receta para ir a comprarla y allí hay otro impedimento”, señala Noe.
Esta es una situación que se repite y viene de larga data, por eso, una de las políticas de Socorristas en Red es tejer redes con lxs profesionales de la salud que garantizan el derecho y facilitar, así, el acceso. Incluso la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación ha generado una estrategia similar para sortear los obstáculos que supone la falta de equipos de salud garantistas.
“Estamos analizando provincia por provincia y la situación es diferente. El 0800 es una excelente herramienta porque hacemos derivaciones internas o articulamos con la provincia en los casos donde no hay equipos”, detalla Valeria Isla.
Nuevos sentidos sobre el aborto: de la violencia al derecho
Uno de los desafíos que enfrenta la Ley 27.610 es el de desarmar las tramas de violencia que quienes objetan la práctica ejercen sobre las personas con deseos y derecho de abortar. Si bien la legislación pone límites a la llamada “objeción de conciencia”, este sigue siendo un nudo problemático.
“Aunque la ley dice que es interrupción voluntaria, que no tenés que dar los motivos y protagonistas son quienes abortan, aún con todo eso, hay personal de salud que se apropia del aborto”, advierte la socorrista Ruth Zurbriggen.
“En la mayoría de los hospitales públicos de San Luis se encuentran con dilaciones y violencias por parte de les profesionales de la salud y también, por personal administrativo”, agrega Noe. Jor coincide y añade que en algunos hospitales de la Quebrada “hay objetores de conciencia y no quieren realizar las ecografías”.
Según la legislación, sólo “el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”, es decir, que ni ecografistas, ni enfermerxs, puede objetar la práctica. Además, quien objeta debe derivar a lxs pacientes “de buena fe” para garantizar el derecho al aborto. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva trabaja en “capacitaciones y estrategias situadas en cada una de las provincias” para paliar este problema, explicó Isla.
Por abortos seguros y de mayor calidad
Para que la medicación llegue a todos los hospitales del país, el Ministerio de Salud de la Nación aumentó la compra y distribución de Misoprostol de 9 mil tratamientos de 12 comprimidos adquiridos en 2019, a cerca de 35 mil en el 2020 y a alrededor de los 100 mil tratamientos este año, informó la directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. A esto se suma la compra que algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizan por su cuenta.
La fabricación nacional de Misoprostol es una industria incipiente que también contribuye a facilitar el acceso a la medicación y a la IVE. El Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de Santa Fe cuenta, desde febrero de este año, con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para abastecer al sistema público de salud nacional. En Río Negro, la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) anunció la fabricación del fármaco que proveerá a los hospitales y centros de salud de esa provincia.
Pero para que se cumpla plenamente el artículo 5° de la Ley, que establece que la atención debe seguir “los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada” conforme “los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, falta un paso: la llegada de la Mifepristona; una medicación que está dentro del listado de “medicamentos esenciales” de la OMS y es la que recomienda el organismo para abortos seguros en combinación con el Misoprostol.
Al ser consultada por este tema, Valeria Isla aseguró que el Gobierno Nacional “está en proceso de gestiones” para aceptar una donación de Mifepristona que deberá ser aprobada por el Anmat antes de su distribución pública. “Por la evaluación que estamos haciendo de los tiempos, será más cerca de fin de año”, puntualizó. Aunque no tienen en vistas en un futuro cercano la producción nacional, Isla aclaró que “hay voluntad política e institucional de promoverlo”: “Nos interesa que la Mifepristona esté en la Argentina”, concluyó.
Resistencia antiderecho
Dentro de la temática acerca de la aplicación de la ley, no se pueden dejar de mencionar a los sectores antiderechos que se presentaron en diferentes provincias con el objetivo de hacer retroceder la conquista del derecho.
La realidad del acceso a la ley se da de manera diferencial según el territorio en el que unx se encuentre y las resistencias no son la excepción. Hay provincias que se destacan por la presencia de grupos y profesionales fuertemente conservadores que atentan vulnerando derechos.
En la provincia de San Luis, en el mes de marzo, la jueza María Eugenia Bona dictaminó inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Salta, en el transcurso de este mes, se otorgó una cautelar, dificultando el acceso a la IVE utilizando como fundamento que el progenitor del “niño por nacer” compartía la responsabilidad parental y por ende en la toma de decisiones. En la ciudad de Mar del Plata también se dieron sucesos antiderechos: se intentó llevar a cabo un fallo con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley 27.610, y además apuntando a retroceder en lo que respecta al protocolo de ILE.
En relación al accionar de estos sectores, Ruth Zurbriggen caracteriza como constante el intento de los mismos por demostrar la inconstitucionalidad de la ley. A su vez, alerta que, pese a que “han hecho una serie de acciones recurriendo a la Justicia que le vienen saliendo mal y esa estrategia no les está funcionando, a veces el quehacer de los sectores antiderechos hay que mirarlo en la cotidianidad de las prácticas médicas”. También hace énfasis en las rápidas contra-respuestas del Estado frente a los sucesivos intentos que buscan obstaculizar.
En esta misma línea, Isla habló de la problemática como una “embestida enorme en el campo judicial”, la cual “genera confusión”al tener una fuerte presencia en los medios. Por esto, destacó la importancia del conocimiento de la población sobre sus derechos.
“Hacer vivir la ley”
Es esa la premisa que se sostiene desde de Socorristas en Red: “Hacer vivir la ley en las instituciones implica que se respire, se sienta, se palpe que vas a solicitar del derecho a la IVE y salgas aliviadx porque junto con saber que vas a resolverlo nadie te juzgó”, profundiza Ruth Zurbriggen.
Siguiendo la misma línea Noe, de San Luis, suma: “Tenemos una ley, pero no es nuestro límite. Nos abocamos a hacerla vivir en cada institución pública y privada. Para que esto suceda, lxs socorristas estamos más activxs que nunca y hace poco lanzamos nuestra campaña ‘El derecho a abortar es ley’ donde se vislumbran nuestras estrategias”.
Al mencionar la conquista del derecho, sobre la sanción de la Ley 27.610, Valeria Isla la plantea como un trayecto que aún continúa. “Fue un punto de llegada de una lucha histórica pero fue un punto de inicio también de otras luchas, de otros desafíos en lo que es la construcción de la política pública. Es un proceso que hay que sostener en el tiempo para poder mejorar las situaciones más estructurales, el acceso sobre todo", concluye.
