A tres días de la celebración de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde Feminacida proponemos pensar en cuáles fueron las conquistas del colectivo verde y violeta en los últimos dos años. ¿Por qué necesitamos compañerxs feministas en las bancas y en los ministerios? ¿Da lo mismo cualquier gestión?
Por Micaela Arbio Grattone y Victoria Eger / Foto: Nadia Petrizzo
¡Derechos para todas y todes!
El 2020 finalizó con una conquista contundente para la marea verde, el Congreso de la Nación aprobó el 30 de diciembre, en las vísperas de los festejos, la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. Estas dos normativas se vieron impulsadas, conquistadas y trabajadas por aquellas mujeres y disidencias que alzaron la bandera del aborto y el cuidado como demandas políticas impostergables. A este puntapié inicial le continuaron una seguidilla de victorias para el feminismo que demostraron que la agenda en materia de derechos para todas las identidades es urgente.
Si bien la ley fue celebrada a lo largo y ancho de la región, su correcta implementación continúa siendo una deuda que en este tiempo recorrido se puso en jaque en varias oportunidades gracias al accionar siniestro de los sectores conservadores y anti derechos. Recientemente, la detención de una médica de la localidad salteña de Tartagal por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Juan Domingo Perón es un ejemplo. Si bien la profesional fue liberada en pocas horas, el disciplinamiento que demuestra la escena evidencia la complicidad del poder judicial y político para tomar estas decisiones que no tienen otro objetivo que aleccionarnos. ¿O acaso el aborto no es legal en todo el territorio nacional?
Previo a la sanción de la IVE y la Ley de los “Mil días”, el presidente Alberto Fernández anunció en septiembre que por decreto se sancionaba la Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans en los organismos estatales, una petición histórica del colectivo. Si bien este fue un primer paso que empujó al sector público a reparar los problemas estructurales de una sociedad que aún se sigue pensando en términos binarios, esta modificación no fue suficiente. Tuvieron que aparecer las mariposas para que los derechos se concreten: fue así como hace a penas dos meses el Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.636 “Diana Sacayán-Lohana Berkins” que tiene como objetivo la promoción del acceso al empleo formal para las personas travestis, transexuales y transgénero y que no sólo contempla al Estado, sino que también incentiva al sector privado con exenciones impositivas.
En su presentación, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó que los “207 votos en diputados y 55 en el Senado” eran una demostración de “los altos niveles de conciencia” que la sociedad está asumiendo y que se terminaron de contemplar con el decreto 476/2021 para incorporar en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a aquellas personas que no se reconocen dentro de los géneros femenino/masculino. Para esto se propuso una tercera opción contemplada en los tratados y convenios internacionales a los que la Argentina adhiere con la letra "X" como representación, una decisión que generó molestias en el colectivo y que puso a traslucir las exigencias de las identidades disidentes que se están llevando adelante en el plano mundial y que tardan en impactar en las regulaciones.
En otro plano, el talle único pasó a la ilegalidad. Desde junio y tras mucho tiempo de militancia por la diversidad corporal, se reglamentó la Ley 27.521 de Sistema Único Normalizador de Talles Nacional de Indumentaria (SUNITI). A partir de un estudio antropométrico a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se está trabajando en la creación de una tabla de talles basada en muestras de más de 15 mil personas de distintos focos y regiones de Argentina.
La Ley de Equidad de Representación de los Géneros en Servicios de Comunicación fue aprobada ese mismo mes en el Congreso de la Nación. La normativa busca generar las condiciones para ejercer un periodismo con todas las identidades de género incluidas, bajo condiciones laborales de igualdad y con garantías de redistribución. Durante la sesión, no faltó el lobby mediático empresarial que quiso instalar mentiras sobre lo que sucedería si se le daba luz verde a la ley. Lejos de regular la pauta oficial, obligar a un medio privado a adherir o usar el lenguaje inclusivo en todos los contenidos, esta legislación intenta reparar una consigna que las comunicadoras feministas sostenemos desde siempre: “Faltamos en los medios”. ¿Será posible hacer periodismo en un marco de pluralidad e igualdad?
En el deporte también pisamos fuerte. La desigualdad en el fútbol siempre fue evidente: mientras destilan contratos millonarios de jugadores varones, las mujeres e identidades disidentes reciben sumas ampliamente inferiores o lo hacen ad honorem. Por eso, la televisación del fútbol femenino por la TV Pública se festeja como un gol y como una conquista de los feminismos: el deporte es también una raíz para disputar esos espacios de poder históricamente ocupados por hombres. Que los machirulos lo miren por tv.
Por una economía con todes adentro
“Las conquistas feministas requieren mujeres gobernando”, aseguró Mercedes D’alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género, en un foro internacional en el marco del último 8M. “Es la primera vez que el Ministerio de Economía tiene un espacio para pensar cómo se insertan las mujeres en el sistema productivo, cuál es el impacto que tienen las políticas económicas en esa inserción. Sabemos que esta crisis está impactando mucho en las mujeres y seguimos trabajando para amortiguar ese impacto y continuar el camino que iniciamos con el objetivo de saldar brechas de desigualdad”, sostuvo durante su intervención.
En esta línea, el Ministerio de Economía presentó la semana pasada el proyecto “Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina” con el objetivo de achicar la desigualdad en algunos sectores de la economía en los que la brecha de género continúa siendo una señal de alarma. Principalmente se basa en inversiones en la economía del cuidado y en la inclusión de mujeres y disidencias en áreas laborales hoy fuertemente masculinizadas. “Una propuesta para que las mujeres y diversidades sean parte de la recuperación económica”, resumió Melina Mallamace, economista feminista y jefa de Gabinete del Ministerio de Economía.
La reparación hacia las mujeres que no contaban con los años de aportes necesarios para jubilarse comenzó en el gobierno de Néstor Kirchner y se ratificó durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2014. Se trata de moratorias de hasta 60 cuotas para cancelar los años faltantes. Ahora bien, desde agosto de este año las mujeres de todo el territorio nacional que se encuentren en edad de jubilarse y hayan sido madres podrán iniciar en la Anses el trámite para que les concedan los años de aportes jubilatorios por maternidad.
Con el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado se estima que serían 155 mil mujeres las que accederán a este derecho en los próximos meses. El Gobierno nacional les otorgará un año de aportes por hijx, dos años en caso de que fuera adoptadx o que tuviera alguna discapacidad y tres años si ha accedido a una Asignación Universal por Hijo (AHU) por al menos 12 meses. También se contemplarán los tres meses de licencia por maternidad y los seis meses de excedencia.
Avance de las demandas feministas en pandemia
La pandemia y su consecuente confinamiento recrudecieron la violencia intrafamiliar. Asimismo, se empezó a hablar de una triple jornada laboral en las identidades feminizadas que trasladaron sus trabajos remunerados a sus hogares y tuvieron que hacer malabares entre las tareas de la casa y el cuidado de sus hijxs. Durante la emergencia sanitaria, las mujeres perdieron más de 1,7 millones de puestos de trabajo, de los cuales al menos la cuarta parte no se pudo recuperar hasta el momento. Al respecto, D’alessandro evidenció la necesidad de “seguir construyendo herramientas institucionales que eduquen, prevengan y a su vez, acompañen y cuiden a las víctimas de violencia, a las mujeres y a las personas en situación de extrema vulnerabilidad social y económica”.
De acuerdo a un informe Ni una Menos: demandas y conflictos feministas durante la pandemia del COVID 19 en Argentina, elaborado por FLACSO, “el avance de las demandas feministas y disidentes, y su traducción en políticas públicas como la sanción de la Ley IVE o la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, tiene una íntima relación con los procesos de movilización y visibilización generados en los últimos años. Sin embargo, esto no generó una disminución de los femicidios o de la violencia machista, pero si generó un mayor grado de conciencia y empoderamiento de las mujeres y disidencias”.
La investigación realizada por el Observatorio de políticas públicas y Reformas Estructurales de la institución latinoamericana indica que entre el 11 de diciembre 2019 y el 3 de junio de 2021 las demandas de los feminismos en nuestro país ocuparon el tercer lugar en relación a los hechos de protesta. Las principales fueron: reclamos de justicia por femicidios y violencia de género, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y los reclamos de aparición con vida de mujeres y disidencias. Sin ir más lejos, a casi seis meses de su desaparición, seguimos preguntando dónde está Tehuel De La Torre.
No da lo mismo, pero falta mucho
“Estoy muy feliz de ponerle fin al patriarcado”, dijo Alberto Fernández cuando promulgó el Aborto Legal y las redes sociales estallaron de memes, burlas y chistes. En realidad, estamos lejos de derribar a este orden social y político, como lo denomina la antropóloga feminista Rita Segato, pero si lo abolimos, será por la fuerza feminista que ha logrado con mucho esfuerzo imponer sus pedidos.
La batalla más reciente es el proyecto de Ley que busca impulsar y replicar la Ley Micaela (Nº 27.499) en los medios de comunicación a nivel nacional. Si la base de todas las violencias se aloja en el plano simbólico, ¿cómo no va a hacer falta capacitar en perspectiva de género a los principales constructores de sentidos que dominan la opinión pública? Sancionarla no sólo contribuiría a desactivar los mecanismos de violencia simbólica hacia mujeres y disidencias, sino que también permitiría abordajes respetuosos de las diversas situaciones de violencia de género.
Aún es una deuda implementar políticas que permitan disminuir concretamente los números escalofriantes de femicidios que existen en la actualidad y que posibiliten llegar antes de que estos hechos se consuman. Las licencias extendidas e equitativas por mapaternidad son urgentes cuando, según un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, el trabajo doméstico y de cuidados representa un 15,9 por ciento del PIB y es el área que más aporta en toda la economía, pero donde sólo el 58 por ciento de los varones realizan estas tareas, mientras que entre las mujeres el número asciende a un 89 por ciento.
En materia de derechos para las disidencias, el acceso a una vivienda digna y a la salud es un déficit que no ha tenido avances contundentes en los últimos años y que solicitan con apremio una contemplación en la agenda teniendo en cuenta el panorama desolador que existe en esos rubros.
Son también les pibis quienes están alzando la voz para exigir políticas que protejan el medioambiente -junto a las comunidades de los pueblos originarios-, que les permita acceder al mercado laboral de forma decente y no precarizada, y que les garantice la posibilidad de obtener una casa en un contexto donde alquilar se tornó imposible. Con respecto a las infancias y adolescencias urge ponerlas en el centro de las políticas públicas desde una protección integral y real, traducida en inversiones concretas y en diálogo con todos los niveles de gobierno y jurisdicciones. Si hoy el 60 por ciento de les niñes en Argentina son pobres, ¿qué hacemos para subirlos al sistema?
Según un informe de Jefatura de Gabinete, en la gestión actual el 37 por ciento de los puestos más altos de la Administración Pública Nacional están ocupados por mujeres. Casi el doble de lo que se contempló en la gestión del ex presidente Mauricio Macri (19 por ciento). ¿Este dato es sólo un número? No, no lo es. Como tampoco el hecho de que contemos con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, otro de Salud a cargo de una mujer que se colgó en los hombros la campaña de vacunación más grande de la historia y compañeras traccionando las decisiones económicas del país. Estas son algunas de las piezas fundamentales de un engranaje que hace que los triunfos los feminismos se concreten y se defiendan con la fuerza de las y les millones que estamos dispuestes a dejarlo todo y que sabemos que no vamos a dar ni un paso atrás con las conquistas que fachos, libertarios, neoliberales y antiderechos nos intentarán arrebatar.
