A sus 19 años, en el 2017, Lara estaba terminando el secundario y no tenía ninguna seguridad respecto a qué quería hacer en su vida salvo por una cosa: no deseaba ser madre. Un embarazo no buscado hizo que tomara la decisión de abortar cuando todavía no era legal y comenzó un derrotero durante cuatro semanas para lograr realizar la práctica de manera segura.
En ese entonces no había un medicamento específico para abortar: se utilizaba Oxaprost, una mezcla de misoprostol con diclofenac que si bien estaba aprobado tenía otra indicación terapéutica. A la deriva respecto de un marco legal se sumaba el riesgo de tener que usar un producto que no era el adecuado. “Verdaderamente no quería ser madre, de eso estaba segura. Tenía mucho miedo de que las cosas se complicaran tomando ese misoprostol, pero más miedo me generaba imaginarme la idea de tener un bebé”, recuerda Lara en diálogo con Feminacida.
La posibilidad de tener una medicación segura, eficaz y sencilla a la hora de abortar se volvió una bandera fundamental en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y así como esa conquista se tejió de manera colectiva y poniendo el foco en el acceso a derechos, su implementación -que tiene como uno de sus ejes el suministro de misoprostol- se está construyendo de la misma manera.
Redes de mujeres en lugares de toma de decisión que trabajan para que se produzca y distribuya el medicamento; laboratorios que acompañan esa labor con la seguridad de que hay que atender a la salud pública y activistas que militan para que haya más información son claves en este proceso de hacer del misoprostol un producto nacional.
A un año de la ley
Hasta el 30 de noviembre del 2021, el Ministerio de Salud de la Nación registró 32.758 interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público. Si bien esa cartera no discriminó cuántas fueron realizadas con misoprostol, especialistas y otros informes dan cuenta de que es el método más elegido.
Un análisis de Socorristas en Red encontró que, dentro de los acompañamientos que hicieron para abortar durante el primer semestre del 2021, el 86 por ciento decidieron utilizar el tratamiento medicamentoso.
Sin ir más lejos, Salud incrementó cinco veces la compra de misoprostol y en un 150 por ciento su distribución. Mientras que en 2020 se repartieron 18.590 tratamientos (de 12 comprimidos cada uno), en 2021 la cifra aumentó a 46.283.
La posibilidad de realizar la práctica de manera ambulatoria y segura, sumado a lo que muestran estos números, ayudan a comprender lo importante que es que se garantice su acceso.
Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, señala: “Si una analiza este año de implementación de la ley, diría que una de las fortalezas es que hubo disponibilidad de misoprostol. Después hay otros puntos que hay que reforzar, como seguir aumentando la cantidad de equipos que realizan la práctica, introducir la mifepristona y lograr que haya una oferta diversificada de misoprostol para que esté cada vez más disponible”.
Ese último punto fue una de las líneas de trabajo fundamentales en el primer año de la implementación de la ley. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe; el laboratorio PROFARSE de Río Negro; y Laboratorios Puntanos en San Luis -todos estatales- produjeron el medicamento. A ellos se agrega Laboratorios Domínguez, privado, que ya tenía autorización para hacer y distribuir misoprostol desde el 2018.
En todos los casos, aumentaron exponencialmente su capacidad de producción para poder abastecer la demanda. Desde Santa Fe y Laboratorios Domínguez tienen posibilidad de distribuir en todo el país, mientras que los laboratorios de Río Negro y San Luis lo hacen de manera provincial.
A tono con los objetivos de la ley 27.610, que exige que el Estado garantice la disponibilidad de misoprostol en tiempo, forma y precios adecuados, el Gobierno invirtió $74.890.727 en ese medicamento durante el 2021; y planean aumentar la cifra a $90.000.000 aproximadamente en 2022. En cambio, en el 2020 la inversión había sido de $49.588.996.
Sin la producción nacional y estatal, que facilitan la disponibilidad sostenida del producto y los precios razonables, satisfacer la demanda federal hubiera sido mucho más complejo.
Mujeres al poder: la llave hacia el misoprostol estatal
A la vez que celebraba en la plaza la legalización del aborto, Elida Formente pensaba cómo podría hacer un aporte a ese derecho desde su trabajo. A inicios del 2020 había asumido como Directora en el LIF, en el primer Directorio paritario que tuvo ese espacio.
Con la convicción de que la producción pública es primordial como política, una de las primeras medidas que tomaron fue empezar a realizar el misoprostol en su propia fábrica. Hasta entonces, el producto formaba parte de su cartilla pero se realizaba externamente.
Mientras aceleraban ese proceso, iniciaban otra gestión: la presentación en ANMAT para obtener la certificación para distribuir en todo el país; lo que se logró en febrero del 2021, apenas aprobada la ley.
Desde entonces produjeron 1.379.072 comprimidos de misoprostol, lo que quintuplica lo generado en 2020 (261.588 comprimidos) y los ubica como uno de los principales proveedores del Estado nacional.
Para Formente esto no estuvo librado al azar: hubo mujeres militantes, feministas y comprometidas que hicieron valer sus lugares de poder. “Que haya compañeras con perspectiva feminista en los lugares de decisión no da lo mismo. Este fue uno de los casos de ejemplo en los que al haber decisión e incidencia se pudo lograr esto. Fue clave y creo que no se hubiese hecho si no hubiera sido un Directorio paritario y con una compañera feminista”, señala a Feminacida y agrega: “Cuando estamos en distintos lugares se nota. Creo que ese fue uno de los grandes factores que contribuyeron para que hoy podamos decir: ‘Tenemos fabricación pública de misoprostol para todo el país'”.
Como en el caso de Lara, tener a disposición una medicación adecuada es clave en el proceso de abortar. Y, para eso, también es esencial la producción estatal, que hace que no sólo exista el producto sino que además sea económicamente accesible tenerlo.
“Tener producción propia te da la independencia no solamente en la formación de precios sino en el abastecimiento. No dependes de las manos invisibles del mercado o de factores externos que no podés controlar. Así tenés una cierta independencia y decisión que se termina traduciendo en un mejor acceso. No es poco: no es lo mismo no tener producción pública que tenerla”, opina Formente.
En San Luis la situación fue similar: la gestión de mujeres puso en primer plano la garantía de estos derechos. Yolanda Bertazzo, médica tocoginecóloga y Jefa del Programa Salud y Reproducción Sexual, pelea hace más de 20 años por la legalización del aborto: incluso, recuerda que estuvo en la reunión en la que se eligió el pañuelo verde.
Su madrugada del 30 de diciembre del 2020 fue, como para muchxs otrxs activistas, un estallido de alegría y festejos. “Creo que son muchos años de lucha, muchas políticas que pasaron hasta que lo logramos. Estoy convencida que hay que seguir luchando por más derechos y que la única forma de hacerlo no es individual sino colectiva, que es como se logran los derechos: siendo una persona activa, poniéndole el cuerpo, poniéndole la cabeza, poniendo todo absolutamente. Es mi convencimiento de años”.
A mediados del 2021, Laboratorios Puntanos, Sociedad del Estado en esa provincia, comenzó la prueba del uso clínico del medicamento con una fórmula creada allí. Las pacientes que lo utilizan dan su consentimiento previamente, y aún siguen en el período de testeo. Ya produjeron 300 tratamientos y buscarán ampliar su fabricación.
Los primeros pasos
Cuando todavía no se había debatido el proyecto de aborto legal, en Laboratorio Domínguez ya estaban trabajando en el desarrollo de misoprostol. Hasta entonces, no existía un producto específico para la interrupción voluntaria del embarazo y la comunidad médica les había manifestado la necesidad de tener una medicación adecuada para uso ginecológico y obstétrico.
“Nosotros quisimos acompañar esa necesidad médica y de la sociedad, porque sabíamos que la medicación que existía para la interrupción del embarazo no era la adecuada para el uso ginecológico y obstétrico, y que no había seguridad en la dosis de misoprostol administrada. Fuimos pioneros con el MISOP 200, un producto innovador para realizar el procedimiento de interrupción medicamentosa del embarazo que aporta beneficios a los sistemas sanitarios y a las pacientes”, señala Carina Rismondo, Directora Técnica de Laboratorio Domínguez; el primero en desarrollar y comercializar misoprostol como monodroga, luego de que en octubre del 2018 la ANMAT los autorizara.
Durante un largo tiempo fueron los únicos en producirlo, lo que abrió camino para que este medicamento existiera. “Todas las personas gestantes tienen derecho a realizar una interrupción del embarazo y nosotros entendemos y acompañamos eso. Consideramos que este producto es un medicamento esencial y producirlo significa un apoyo a la salud pública”.
Para la misma época, en el 2018, el laboratorio PROFARSE de Río Negro comenzó a trabajar en el desarrollo del medicamento por pedido del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de esa provincia.
En ese entonces ya se realizaban abortos por un fallo judicial y entendían que era crucial que fuera de una manera segura y eficaz. Justamente hacia finales del 2020, cuando se sancionó la ley, el producto quedó terminado y en el 2021 realizaron y entregaron 30 mil comprimidos -lo que implica 2500 tratamientos- a toda la jurisdicción, que logró ahorrar un 40% de presupuesto.
Marne Livigni, Gerenta General de PROFARSE, manifiesta: “El laboratorio es público entonces la idea que tenemos nosotros y el objetivo principal es hacer medicamentos que abarquen a toda la sociedad. Nosotros nos dedicamos a hacer estos medicamentos esenciales que tienen impacto social”.
Su nuevo horizonte es conseguir la certificación nacional, para lo que van a presentar el registro en la ANMAT en 2022 con la esperanza de que, entre el 2023 y el 2024, lo puedan distribuir a todo el país.
A esto, Livigni agrega otro objetivo: “Así como acompañamos la ley de IVE también está la otra ley, la 1000 Días. Estamos trabajando en un complemento nutricional muy importante para la Argentina, destinado a niños de entre seis meses y tres años. Es otro ejemplo de que la producción pública está en todo este espectro: está para elaborar el misoprostol y que haya en los hospitales y también para aquella persona gestante que quiera seguir con el embarazo”.
Mientras eso está en marcha, proyectan los números de producción para el año que entra: estiman que comenzarán con la misma cantidad que en 2021 y ajustarán con otro lote en seis meses.
Nuevos desafíos
A un año de la sanción de la ley 27.610, todas las entrevistadas coinciden en que el balance respecto a la producción del misoprostol es positiva. Se logró cubrir la demanda y, en líneas generales, las personas gestantes no vieron obstaculizado su acceso. Los desafíos, de todas formas, siguen existiendo: aún resta que se consolide la producción, se habilite en todas las provincias posibles y se obtenga la mifepristona.
Pero la lucha dio sus frutos. A las perchas y al Oxaprost que tanto miedo le generaba a Lara, porque se usaba para eliminar úlceras y no tenía la seguridad de que fuera a funcionar, no se vuelve nunca más. Y para eso, mujeres gobernando y profesionales comprometidos con la salud pública trazan el camino.