En la villa 31 existe un grupo de al menos 30 mujeres abocadas a asistir a víctimas de violencia de género. Agrupadas en la Corriente Villera Independiente y distintas organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, luchan por ser reconocidas formalmente en sus tareas. Porque si bien son consideradas ángeles de la guarda, antes que nada, son trabajadoras comunitarias.
Sin embargo, lejos de recibir una remuneración por ser parte de cuadrillas capacitadas de promotoras de Género, Salud y Educación en barrios populares, ellas forman cooperativas a fin de conseguir los sustentos básicos para armar casas refugio, acompañar a las víctimas en la realización de la denuncia contra su agresor, garantizar que sus hijes no pierdan la continuidad escolar, proveer de comida, ropa y traslados a las víctimas que lo necesiten, entre otras tareas.
Este es el caso de Alejandra Vargas, referenta de género del playón oeste de la villa 31, quien le contó a Feminacida su historia: “Yo sufrí fuerte violencia por parte de mi ex pareja en Salta, a tal punto que tuve venir a Buenos Aires con mis cuatro hijos para recuperar mi vida. Acá empecé a ser parte del Movimiento Popular La Dignidad y rápidamente empecé a formarme en Educación, Salud y Género, comprometida mayormente con la trata de personas, la violencia institucional y el acompañamiento integral hacia las compañeras”.
“Nosotras tenemos un acompañamiento más empático. Estamos donde el Estado no llega. Como muchas de nosotras sufrimos violencia, podemos más fácilmente ponernos en el lugar de esa mujer a la que estamos ayudando”, agregó Alejandra Vargas.
Es que la empatía es la base de este sistema popular. Al respecto, la secretaria Nacional de Mujeres y Diversidad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Marina Joski, relató a este medio: “La primera brigada de promotoras de género crearon los Pasillos Libres de Violencia, ubicados cerca de las Casas de las Mujeres Luchadoras, donde tejimos redes de vecinos y vecinas capacitados para detectar y alertar inmediatamente cuándo una mujer estaba siendo violentada a fin de auxiliarlas a tiempo”.
Detectar a tiempo es, para estas mujeres, decisivo. Por su contexto, las mujeres y disidencias de barrios populares tienen menos herramientas para defenderse ante situaciones de violencia doméstica “debido a las condiciones de hacinamiento, la escasez de recursos económicos y la ausencia total del Estado”. Ellas viven en barrios donde no entran patrulleros, ambulancias y donde deben tener la posibilidad de trasladarse en los horarios específicos de atención a alguno de los Centros Integrales de la Mujer dispuestos por el Gobierno porteño para acceder a una denuncia, asistencia legal o psicológica.
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Qué hace una promotora territorial
Al menos un año de formación se necesita para ser promotora territorial, que consiste en varios encuentros semanales y prácticas, donde se aprende hasta manejar relaciones entre barrios y vínculos institucionales.
“Una promotora territorial de género, en principio, genera instancias para poder diagnosticar y visualizar cada espiral de violencia que vivimos las mujeres y disidencias, generando talleres o espacios de escucha a partir de los cuales puedan emerger esas voces que están ocultas”, explicó la integrante de UTEP.
Aprenden también a elaborar mapeos colectivos y acompañamiento específico desde “la palabra y el abrazo de contención” hasta la donación de los medios necesarios para alejar a la víctima de su agresor. “Muchas víctimas suelen ser despojadas de sus documentos o no tienen uso de dinero, por lo que las llamadas de teléfono y los traslados lo aportan las mismas compañeras sin reconocimiento alguno”, denunció Joski y advirtió: “Por más que tengamos un botón antipánico, la policía no llega a tiempo. Las compañeras hacen vigilancia para saber que el agresor no va a volver. Y si vuelve, que haya una red colectiva de abordaje ya preparada”.
Aun más, hay “detalles que nadie se imaginaría”: en las casas refugio son recibides les hijes de aquellos núcleos violentos, a quienes las promotoras hasta se encargan personalmente de llevarles a la escuela, en caso de no significar esto un riesgo físico o psíquico para elles. Por esto, en algunos refugios cuentan incluso con personal capacitado para asistir a víctimas de abuso sexual.
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Quién cuida a las que cuidan
El Movimiento Popular La Dignidad tiene una herramienta transversal de género, feminismo popular y disidente con al menos 1.500 integrantes. Son muchas las organizaciones feministas que realizan este trabajo autogestivo, por lo que “en cada rinconcito del país hay dispuestas promotoras territoriales”, según las entrevistadas.
Estas promotoras de género acompañan a cada mujer y niñe según las particularidades y necesidades de cada caso. En la Villa 31, todo el barrio ya sabe quiénes son las integrantes de esta “liga de las 30” trabajadoras comunitarias, por lo que cada persona en situación de violencia ya sabe dónde encontrarlas. Pero los agresores también.
Por la ayuda que brindan, se exponen a ser blanco de amenazas y agresiones. "Una organización hermana, Barrios de Pie, perdió este año en manos de femicidas dos compañeras promotoras de género del Conurbano bonaerense”, dijo la secretaria Nacional de Mujeres y Diversidad de UTEP.
Entonces, ¿quién cuida a las que cuidan? Ante esta pregunta, ambas entrevistadas coincidieron en que la única asistencia que reciben es entre ellas mismas, aunque adujeron que “sin recursos es muy difícil hacer un correcto acompañamiento”, no sólo desde lo físico sino también desde lo psicológico.
“Cuando se hacen los juicios orales virtualmente, se ven las manos de nuestras compañeras sentadas al lado de la que se animó a denunciar. Eso después, en soledad, hay que procesarlo. Hay que llegar a casa habiendo sentido en primera persona que esa mano temblaba”, retrató Joski.
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Vargas, incluso, compartió que reciben al menos diez denuncias al día que comparten entre ellas para poder brindar una asistencia interseccional. Poco tiempo queda, entonces, para atender a las que cuidan.
Son ellas, las promotoras territoriales, quienes realizan guardias diurnas y nocturnas en la puerta de la casa de la víctima cuando se trata de un “código rojo”, una situación de extrema emergencia. Son ellas las que “han encontrado chicas que la policía no”. Sin embargo, hay lugares de difícil acceso para las mujeres que buscan ayudar a otras, como el de la trata de personas: “Siempre se escucha sobre lugares donde las prostituyen a las chicas, pero son espacios a los que no podemos llegar usualmente. A la mayoría las traen del Conurbano”.
En algunas ocasiones, esta problemática trae aparejado el consumo de drogas, ya que “muchas chicas terminan en prostíbulos por problemas de adicción”, según confió Alejandra a este medio. A lo cual Joski adhirió: “Tenemos específicamente una casa para el abordaje de esta problemática para mujeres y disidencias, y un espacio también de alojamiento de personas en esa situación que padezcan violencia”.
Trabajo no remunerado
Desde distintas organizaciones sociales, incluyendo el Movimiento Popular La Dignidad, ya se han presentado proyectos de ley a nivel nacional y local para que el Estado reconozca el trabajo y esfuerzo de estas trabajadoras comunitarias y se han organizado numerosas manifestaciones, pero sin éxito aún.
“Pareciera que a las feministas siempre nos pasa lo mismo, la agenda no está de nuestro lado y es parte de las violencias a las cuales estamos sometidas”, apuntó la secretaria de UTEP y completó: “Toda esta matriz de violencia tiene una raíz: en la medida en que nuestras tareas dentro de los hogares, de crianza, no estén reconocidas, vamos a seguir siendo propiedad del Estado y del hombre que nos quiera someter”.
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Con esto, subrayó la importancia del reconocimiento de las tareas de cuidado y de las promotoras territoriales, como así también la creación de políticas habitacionales que faciliten tener una casa propia, un presupuesto y una integración socio-urbana con perspectiva de género.
Según Joski, esto será posible sólo con la ejecución de una reforma judicial feminista, dada la necesidad de “descentralizar y democratizar la Justicia, que es la primera que cajonea los juicios por alimentos, por violencia, las medidas cautelares y que falla muchas veces a favor del violento”.
“El trabajo que hacen las compañeras es heroísmo puro, pero llamarle así es también menospreciar su trabajo, porque es justamente una labor con un saber específico, formación, quehacer, con protocolos preestablecidos y organización”, concluyó Marina Joski, haciendo referencia a estas mujeres luchadoras de barrios populares que necesitan dejar de ser “ángeles de la guarda” para transformarse en trabajadoras comunitarias formales.
