El Informe de la Encuesta Federal sobre Violencia Política llevado adelante por el Proyecto Generar se presentó el martes pasado en el anexo del Congreso de la Nación. Uno de los datos que sobresalen de este estudio, realizado a más de 1.500 personas LGBTIQ+ y mujeres de todo el país con un promedio de 12 años de participación en política, es que el 70 por ciento atravesó este tipo de violencia.
Desde Proyecto Generar entienden que en el último tiempo los movimientos de mujeres y disidencias en Latinoamérica y el mundo han conseguido muchos avances orientados a garantizar sus derechos y a promover la igualdad en la esfera política. Incluso, según el informe que presentaron, las mujeres en América Latina y el Caribe son elegidas en un 31 por ciento, integrando la región con las mejores cifras en el mundo. De todas maneras, la paridad en los órganos legislativos y en otros ámbitos de la política formal aún es un horizonte lejano.
Uno de los principales obstáculos para el acceso igualitario a la vida política es la violencia de género en estos ámbitos. La violencia política responde a las asimetrías de poder existentes entre hombres y mujeres y disidencias. Aún en sus manifestaciones más pequeñas, su objetivo final es mantener a esta población en una situación de exclusión, subordinación y desventaja.
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Para Marianella Flores Díaz, presidenta del Proyecto Generar, esto no es casualidad. "Es una estrategia inteligente que tiene el patriarcado para que nosotras permanezcamos afuera de la esfera política porque sabe que cuando ingresamos en estos espacios, las cosas cambian para su perjuicio. Ahí tenemos que unirnos, es así como nosotras a lo largo de la historia hemos logrado avances en todos nuestros derechos pero fundamentalmente los derechos políticos", sostuvo en la presentación.
"Si las mujeres y personas LGBTI+ no estamos en puestos de decisión faltan nuestras miradas. Y también, nuestras propuestas de cambio económico y sociocultural para la construcción de mundos mejores", escribieron en el informe. El objetivo principal de la encuesta fue identificar y describir las situaciones de violencia política autopercibidas, teniendo en cuenta los tipos y las modalidades definidas en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres —actualizada en 2019 para incorporar a la violencia política como un tipo y modalidad reconocido por ley —, los ámbitos y la frecuencia con la que sucede y quien la ejerce.
Los datos
Del total de encuestades, 7 de cada 10 respondieron que sufrían o habían sufrido violencia política. Entre elles, el 92 por ciento sostuvo que había sido ejercida por un varón cis. En cuanto al rol de la persona, mayoritariamente se trató de militantes o responsables del propio espacio político, pero también existieron situaciones perpetradas por personas de otras agrupaciones o partidos.
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La mayoría de les encuestades vivieron situaciones de violencia mientras militaban, pero también hubo un 15 por ciento que lo vivenció cuando era candidata de un espacio político y un 20 por ciento como autoridad electa o en la función pública. Cabe destacar que 8 de cada 10 lo hablaron o compartieron con alguien, pero el 40 por ciento no realizó ninguna acción luego del hecho. "Tendría que haberlo denunciado pero no tenía fuerzas para pasar por todo ese proceso. Por eso me callé", respondió une participante.
"La invisibilidad por ser mujer trans. La violencia política es constante y en todos los terrenos", "las mujeres siempre quedamos relegadas a cargos mucho menores", "la violencia que registro es la del silenciamiento". Estas son algunas de los comentarios que dejaron les encuestades luego de responder las preguntas. Es claro que no solamente la violencia física y la intimidación son problemas cotidianos para las personas LGBTIQ+ y mujeres en la política, sino también la invisibilización de nuestras lucha y de nuestras voces.
¿Hacia dónde vamos?
El informe, titulado De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la Violencia Política en Argentina, es también un punto de encuentro para reflexionar sobre las experiencias de les militantes y poder pensar acciones colectivas para contrarrestar esta problemática que ocurre en el país.
Victoria Tesoriero, subsecretaria de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior, hizo hincapié en la necesidad de construir herramientas para trabajar sobre estas situaciones en toda su complejidad, más allá de los protocolos que fueron muy importantes en las organizaciones. "Tenemos mucho por discutir pero sobre todo por ponernos de acuerdo sobre como abordar esto. La reglamentación de la Ley 26.485 pendiente pero no tenemos acuerdo entre nosotras sobre cómo salir de estas situaciones", manifestó.
La diputada nacional por el Frente de Todos Gabriela Estévez reflexionó: "Aún cuando estas cosas las hacen para intentar desmotivar nuestra participación, nosotras tenemos una larga trayectoria en nuestro país de participación política de las mujeres con un enorme protagonismo y con una enorme capacidad de transformación". Para ella, este es el momento de dar esta batalla y trabajar en conjunto para desarticular a la violencia política, pero esto no puede hacerse sin los varones que integran los espacios de militancia.